La discusión que hoy se abre en torno a un posible recargo en la tarifa eléctrica para cubrir pasivos financieros del sector no es un episodio aislado. Es, más bien, el síntoma visible de un problema estructural que Colombia ha postergado durante años: la incapacidad de convertir su abundancia energética en un sistema confiable, eficiente y socialmente aceptable.
El país no enfrenta una escasez de recursos. Nuestra matriz combina una base hídrica sólida con un potencial eólico y solar competitivo, además de respaldo térmico. Pocos sistemas en la región gozan de esa diversidad. Sin embargo, el costo final para hogares y empresas sigue aumentando, y cada crisis se resuelve con medidas de emergencia que, en la práctica, trasladan desequilibrios a la factura del usuario. La tarifa se ha convertido en un instrumento de corrección financiera, cuando su función debería ser reflejar costos eficientes y señales económicas claras.
La coyuntura actual, un mecanismo para recaudar recursos y atender obligaciones de comercializadores en dificultades, vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿es legítimo socializar pérdidas empresariales a través del recibo de luz? La respuesta técnica debería ser prudente. Los marcos regulatorios modernos separan la gestión de riesgos empresariales del precio que pagan los usuarios. Cuando esa frontera se difumina, se erosiona la confianza en el sistema, se distorsionan incentivos y se crea un precedente que tiende a repetirse.
Pero sería un error atribuir esta situación a una sola administración o a una sola decisión reciente. El encarecimiento de la energía es el resultado de una cadena de políticas y omisiones que se acumularon durante más de una década. La opción tarifaria, que difería cobros para aliviar el impacto en momentos críticos, fue útil en el corto plazo, pero dejó saldos que tarde o temprano debían recuperarse. A ello se sumaron mecanismos de indexación que trasladan al usuario final la inflación de insumos y servicios, sin una discusión suficiente sobre eficiencia o productividad del sector.
También pesan los atrasos en infraestructura de transmisión y distribución. Durante años, proyectos estratégicos quedaron atrapados en procesos de licenciamiento prolongados, conflictos territoriales mal gestionados o cambios de reglas que aumentaron la percepción de riesgo. Cada kilómetro de red que no se construye a tiempo encarece la energía, restringe la entrada de nueva oferta, eleva las pérdidas y obliga a operar el sistema con mayores costos de respaldo.
En varias regiones, la situación se agrava por pérdidas técnicas y no técnicas, fraude y baja calidad del servicio. Estos problemas no son nuevos, pero tampoco se resolvieron con la determinación requerida. La consecuencia es un círculo vicioso: finanzas débiles, menor inversión, peor servicio y tarifas más altas. Cuando el sistema llega a un punto crítico, aparece la tentación de “parchar” con cargos extraordinarios en la factura.
A este cuadro interno se sumaron choques externos. La crisis energética global de 2022 elevó los precios de combustibles, equipos e insumos. Los mercados de capital se encarecieron. Todo ello presionó los costos del sector. Pero los países que lograron amortiguar mejor el impacto fueron aquellos con reglas estables, redes robustas y proyectos de expansión oportunamente ejecutados. Colombia llegó a ese momento con rezagos acumulados.
Existe, además, una paradoja que no puede seguir ignorándose. Mientras el discurso público resalta la necesidad de una transición energética, en la práctica buena parte de los proyectos, hidráulicos, eólicos, solares o de transmisión, enfrentan oposición sistemática, incertidumbre regulatoria y procesos que se extienden por años. Cuidar el ambiente es un deber constitucional. Bloquear indefinidamente la infraestructura necesaria para garantizar oferta y confiabilidad es, también, una forma de irresponsabilidad social. La transición, si se gestiona con rigor técnico, debería reducir costos en el mediano plazo; cuando se convierte en un campo de batalla política, termina encareciéndolos.
El debate, por tanto, no puede limitarse a si un recargo es temporal o a cuánto representará en pesos. La discusión de fondo es institucional. ¿Qué tipo de sistema tarifario queremos? ¿Uno que refleje costos eficientes y premie la inversión, o uno que funcione como válvula de ajuste ante cada crisis? ¿Cómo asegurar que los subsidios lleguen a quienes los necesitan sin desfinanciar a las empresas? ¿Qué reformas permitirán sanear la comercialización, reducir pérdidas y restablecer la confianza de inversionistas y usuarios?
Se requieren decisiones estructurales: separar claramente los rescates financieros de la señal de precio al consumidor; garantizar el pago oportuno de subsidios; fortalecer la supervisión para corregir ineficiencias; acelerar proyectos de transmisión con procesos ambientales serios, pero predecibles; y ofrecer reglas estables para la expansión de generación. Todo ello exige coordinación entre Gobierno, reguladores, autoridades ambientales, empresas y territorios.
La energía es un insumo básico para la competitividad y la equidad. Convertirla en parche fiscal o en herramienta para resolver fallas de gobernanza es un atajo peligroso. Colombia tiene con qué ofrecer electricidad confiable y a costos razonables. El desafío no es de recursos, sino de decisiones. Persistir en soluciones coyunturales solo prolongará una tendencia que ya golpea a hogares y empresas. Corregirla demanda una política de largo plazo, técnica, transparente y capaz de aprender de los errores del pasado para no repetirlos en cada nueva crisis.