Desde hace varias semanas veníamos advirtiendo una situación que hoy vuelve a quedar en evidencia, los colombianos estaban pagando entre dos mil y tres mil pesos por encima de lo que debería costar la gasolina, aun cuando el comportamiento del mercado internacional no justificaba ese nivel. A ese escenario se sumó el incremento que se realizó en el mes de enero de 2026, lo que terminó de golpear el bolsillo de los ciudadanos.
Ahora, en un giro que resulta conveniente para el Gobierno, el presidente Gustavo Petro anuncia una reducción cercana a los 300 pesos, una decisión que no puede leerse por fuera del contexto político que atraviesa el país.
Petro se queda con el titular de alivio, mientras delega a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, la explicación técnica del anuncio, sin embargo, el mensaje de fondo es claro, se trata de una medida presentada como beneficio, pero tomada en plena antesala electoral. Este tipo de decisiones, más simbólicas que estructurales, reflejan una manera de gobernar que prioriza el impacto político sobre la responsabilidad fiscal.
En este punto es necesario ser coherentes, durante el gobierno de Iván Duque también cuestionamos con firmeza el mantenimiento artificial del precio de los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios. Aquella política, igualmente populista e irresponsable, dejó una deuda cercana a los 70 billones de pesos que el país terminó heredando. En ese aspecto, Gustavo Petro tuvo razón al afirmar que esa obligación debía pagarse, aunque resultara impopular hacerlo.
De hecho, cuando inició su mandato, el presidente tomó una decisión difícil pero necesaria al comenzar el ajuste del precio de la gasolina. Era una medida que pocos podían asumir sin costo político, y él la asumió. No obstante, el error vino después. El incremento no fue parejo, el ACPM quedó por fuera del ajuste debido al temor de enfrentar a uno de los sectores más organizados y hostiles del país, los camioneros, quienes amenazaron con paros y bloqueos si se tocaba su combustible.
El cálculo político marcó el rumbo del problema, gobernar con miedo nunca ha sido una solución. Al evitar una decisión integral, el Gobierno terminó trasladando la carga exclusivamente a los ciudadanos comunes, mientras aplazaba el debate de fondo. Hoy, el resultado es un sistema desbalanceado que intenta corregirse con movimientos parciales y mensajes contradictorios.
Colombia no puede seguir tomando decisiones económicas dependiendo de la coyuntura electoral, ningún presidente debería gobernar pensando únicamente en encuestas, popularidad o campañas futuras. Sin embargo, esta ha sido una constante histórica, Los problemas se aplazan, se posponen de manera irresponsable y, cuando ya no hay salida, el costo recae sobre todos.
Por eso el balance debe hacerse con claridad, bien el presidente Petro por haber pagado la deuda del Fondo de Estabilización, mal el expresidente Duque por haber sostenido un precio ficticio, mal el presidente Petro por no aplicar un incremento equitativo desde el inicio y mal también por intentar cuadrar la caja fiscal de un gobierno desfinanciado a punta del precio de la gasolina.
Hoy el debate ya no es solo cuánto deben pagar los colombianos, sino si están pagando más de lo que corresponde. Cuando el precio internacional del petróleo no acompaña los aumentos internos, la sensación de abuso se vuelve inevitable. Quien entiende mínimamente esa correlación concluye que, una vez más, la gasolina terminó siendo utilizada como una herramienta política, mientras el ciudadano asume la factura final.
