Este es un editorial que abordamos con cautela. No por indiferencia, sino porque, desde el punto de vista jurídico, aún no resulta del todo claro qué es exactamente lo que está ocurriendo. Y justamente por eso creemos que el debate debe darse, ante todo, desde ese terreno: el constitucional y el legal. Nos referimos al decreto económico expedido por el presidente y a la confrontación que este ha abierto con varios gobernadores del país.
En medio de esta controversia han surgido distintas voces. En donde han insistido que es necesario advertir que este tema no puede terminar siendo otra excusa, ni para el Gobierno ni para algunos mandatarios regionales, para hacer política en plena campaña.
Lo verdaderamente preocupante es que este tipo de decisiones, una vez más, terminan afectando de manera directa a los municipios y departamentos del país. Son excesos que se suman a una larga cadena de hechos que confirman lo nocivo del centralismo. Un centralismo que, de forma llamativa, hoy defiende el ministro del Interior, Armando Benedetti, como lo ha señalado públicamente la gobernadora Elía Francisca.
No es la primera vez que se plantea la posibilidad de que agentes del Estado apliquen excepciones de constitucionalidad, que es, en esencia, el núcleo del debate actual. Sobre este punto, los expertos jurídicos han expuesto posturas diversas: algunas coincidentes, otras abiertamente contradictorias.
Como medio de comunicación, nuestra posición es clara y consistente con la línea que siempre hemos sostenido: rechazamos los excesos del centralismo, especialmente cuando estos provienen de malos manejos y de una deficiente administración de los recursos públicos. Recursos que, además, ya son considerables en manos del Gobierno central, como para que ahora se pretenda poner la lupa, y la mano, sobre los limitados fondos con los que sobreviven los departamentos.
Lo hemos dicho en otras ocasiones: los departamentos fueron, quizá, los grandes perdedores de la Constitución de 1991. A los constituyentes los sorprendió el tiempo, como suele ocurrir en Colombia, y el debate sobre la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales quedó mal resuelto. El resultado fue una serie de decisiones improvisadas que derivaron en la asignación de recursos mínimos, insuficientes y, en muchos casos, indignos frente a las responsabilidades que hoy asumen los departamentos.
Que ahora el Gobierno nacional pretenda asestar un nuevo golpe a las finanzas departamentales resulta, francamente, inadmisible. Por eso solicitamos a la instancia correspondiente, la Corte que debe pronunciarse, que revise con rigor la exigibilidad de este decreto de emergencia. Tenemos serias dudas de que se cumplan los requisitos constitucionales necesarios para que dicha medida se mantenga en firme.
Tampoco consideramos acertado que las autoridades del Gobierno Petro convoquen a los gobernadores a reuniones que no producen resultados concretos. Encuentros que terminan reducidos a gestos simbólicos, a cantos a la bandera que no resuelven nada y no ofrecen salidas reales al conflicto. El propio Gobierno parece consciente de que existe una alta probabilidad de que el decreto sea tumbado y, aun así, ha optado por advertir al país sobre supuestas consecuencias si ello ocurre, una postura que no contribuye al diálogo institucional ni corresponde a la responsabilidad de un jefe de Estado.
La conclusión es inevitable: Colombia debe avanzar, sin más dilaciones, hacia verdaderas autonomías fiscales regionales. Autonomías claramente delimitadas, firmes y respetadas, que no puedan ser desmontadas por decisiones coyunturales del poder central. Los departamentos necesitan fortaleza fiscal y solidez financiera. Son ellos quienes mejor conocen a sus habitantes, sus realidades y sus necesidades. Sin regiones fuertes, no hay equilibrio institucional posible ni un Estado que funcione de manera justa y eficiente.
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