El Gobierno Nacional confirmó que se encuentra preparando la prórroga de la emergencia económica con el objetivo de asegurar los recursos que quedaron en el aire tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
Así lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó en La FM que ya se cumplió el primer mes de vigencia del decreto expedido en diciembre y que el Ejecutivo evalúa los pasos legales para darle continuidad a las medidas extraordinarias.
Panorama general: De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, la normativa actual permitió expedir dos decretos que garantizan cerca de $12 billones. Sin embargo, el monto total que se esperaba recaudar con la ley de financiamiento ascendía a $16,3 billones, lo que deja un faltante aproximado de $4 billones que aún debe ser cubierto.
“Las medidas se darán a conocer en el momento oportuno. Ya se cumplieron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, sería necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o una nueva emergencia económica, para la cual contamos con un plazo de hasta 90 días”, explicó Ávila en diálogo con ese medio de comunicación.
El ministro señaló que el Gobierno analiza distintas alternativas para cerrar ese vacío fiscal. Según advirtió, si los recursos pendientes no se logran garantizar a través de nuevos ingresos tributarios u otros mecanismos, la consecuencia inevitable sería un ajuste al gasto público.
“Estamos evaluando la posibilidad de adoptar otras medidas que nos permitan cubrir ese faltante de recursos, ya que aquello que no se logre garantizar mediante nuevos ingresos implicaría necesariamente una reducción del presupuesto”, sostuvo.
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Por qué es importante: Ávila se refirió al escenario jurídico que rodea la emergencia económica, en particular a la eventual revisión de la Corte Constitucional. Aunque evitó entrar en detalles, aseguró que el Gobierno no está actuando a ciegas y que cuenta con alternativas en caso de que el alto tribunal decida tumbar la declaratoria.
“En varias ocasiones nos han preguntado cuál es el plan B, y normalmente preferimos no hablar de un plan B cuando aún estamos ejecutando el plan A. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la ley de financiamiento estaba en discusión en el Congreso”, recordó el ministro. En ese contexto, explicó que el Gobierno sostuvo un debate amplio y abierto en el Legislativo, pero que, ante una decisión que, según dijo, respondió más a consideraciones políticas que técnicas, fue necesario activar un camino alternativo.
“En esta oportunidad, también contaremos con opciones alternativas”, concluyó.
La definición de la prórroga y de las nuevas medidas económicas será clave en las próximas semanas, en un momento en el que el Ejecutivo busca garantizar la estabilidad fiscal y evitar recortes que podrían afectar programas y compromisos presupuestales ya en marcha.