Hay épocas en las que la política, embriagada por su propia retórica, cree haber descubierto el atajo definitivo hacia la prosperidad. Bastaría —nos dicen— con decretar mejores salarios, congelar precios abusivos, disciplinar al capital y confiar en que el Estado, esa entidad providencial, sabrá corregir los excesos del mercado. La historia económica está llena de estas ilusiones. Y también de sus ruinas.
Toda sociedad que aspira a prosperar necesita algo más que buenas intenciones: necesita un sistema que permita coordinar el esfuerzo de millones de individuos sin recurrir a la imposición permanente. Ese sistema descansa en una institución modesta pero decisiva: el precio. Lejos de ser una injusticia a erradicar, el precio es un lenguaje. Comunica escasez, preferencias, costos y oportunidades. Cuando funciona, orienta la producción; cuando se lo silencia, reina la desorientación.
Eliminar o manipular ese lenguaje —ya sea mediante controles, fijaciones arbitrarias o decretos bienintencionados— no conduce a una economía más justa, sino a una economía muda. Sin precios reales no hay cálculo posible, y sin cálculo no hay forma racional de decidir qué producir, en qué cantidad y con qué recursos. El resultado no es la armonía social prometida, sino la escasez, la improvisación y el poder discrecional de la burocracia.
El intervencionismo suele presentarse como una postura sensata, distante tanto del mercado irrestricto como de la planificación total. Pero en la práctica no es una estación de equilibrio, sino una pendiente. Cada intervención genera efectos no previstos que reclaman nuevas correcciones; cada corrección engendra nuevas distorsiones. Así, paso a paso, se sustituye la lógica del intercambio por la lógica del permiso, y la economía termina administrada más por resoluciones que por decisiones productivas.
El debate salarial ilustra con claridad esta confusión. El salario no es un acto de generosidad ni una concesión política: es el reflejo del valor que el trabajo añade a lo que se produce y de lo que los consumidores están dispuestos a pagar por ello. Obligar a pagar más de ese valor no eleva la dignidad del trabajador; reduce sus oportunidades. El desempleo, la informalidad y la automatización forzada no son fallas morales del mercado, sino consecuencias previsibles de ignorar sus límites.
Algo parecido ocurre con la inflación, ese fenómeno que suele presentarse como un infortunio externo, casi meteorológico. En realidad, es el resultado de decisiones deliberadas: financiar el gasto público mediante la expansión del dinero. Sus efectos no son neutros. Beneficia primero a quienes están cerca del poder y castiga después, de manera silenciosa pero persistente, a quienes viven de ingresos fijos y del ahorro. Es una forma de redistribución encubierta que erosiona la confianza y empobrece a los más vulnerables.
La desconfianza hacia el capital completa este cuadro. Se lo acusa de codicia, de extranjería, de falta de compromiso social. Pero sin capital no hay inversión, sin inversión no hay aumento de productividad, y sin productividad no hay salarios reales que crezcan. Castigar al capital puede producir aplausos momentáneos; lo que no produce es desarrollo.
Detrás de estas políticas hay algo más profundo que un error técnico: hay una visión equivocada de la economía y de la libertad. Se gobierna como si la realidad pudiera someterse a la voluntad, como si los problemas creados por malas ideas pudieran resolverse con más decretos. Pero la economía, como la literatura, tiene una lógica interna que no admite atajos.
Colombia enfrenta hoy una disyuntiva silenciosa pero decisiva. Puede seguir insistiendo en la ilusión de que el Estado puede sustituir al sistema de precios, al ahorro y a la inversión; o puede asumir, con madurez intelectual, que la prosperidad se construye respetando los mecanismos que la hacen posible. No se trata de abandonar la preocupación social, sino de comprender que sin creación de riqueza no hay justicia que perdure.
Persistir en gobernar contra la realidad no es un gesto de valentía política, sino de soberbia intelectual. Y la soberbia, cuando se aplica a la economía, siempre termina castigando a quienes menos responsabilidad tuvieron en el error.
Por: Aldumar Forero Orjuela- @AldumarForeroO
Del mismo autor: ¡Decadencia económica!
