El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente a la suspensión del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo en un 23% para 2026, decisión adoptada por el Consejo de Estado, y aprovechó para reiterar sus críticas al manejo de la política económica del país.
Rendón aseguró que su posición nunca fue oponerse a que millones de colombianos obtuvieran mayores ingresos, sino advertir sobre los efectos fiscales y estructurales que este tipo de incrementos puede generar.
Gobernador de Antioquia advierte sobre riesgos fiscales del aumento del salario mínimo y cuestiona decisiones “por decreto
“Y expusimos responsablemente el riesgo porque si de decretar la riqueza se tratara, esto sería una tarea muy fácil, gobernar y conducir la economía sería una tarea muy fácil, pero ya sabemos que no es así y que no se trata solamente de eso”, afirmó el mandatario.
El gobernador subrayó que gran parte de la fuerza laboral del país enfrenta condiciones complejas: más de la mitad de los trabajadores se desempeña en la informalidad y una proporción similar percibe menos de un salario mínimo. Esto, según Rendón, evidencia que los problemas estructurales del mercado laboral no se resuelven únicamente mediante decretos.
En cuanto a los impactos regionales, Rendón advirtió que decisiones de esta naturaleza generan sobrecostos significativos para los departamentos. En Antioquia, señaló, fue necesario asumir más de 700 mil millones de pesos adicionales para garantizar la continuidad de obras y programas previstos en la región.
De no haberse cubierto estos recursos, se habrían visto afectadas intervenciones como la pavimentación de cerca de 700 kilómetros de vías, incluidos al menos 180 kilómetros en el Urabá antioqueño, y alrededor de 12 mil familias habrían perdido la oportunidad de acceder a mejoramientos de vivienda o a una casa nueva.
El mandatario insistió en que el análisis del salario mínimo debe hacerse con sensatez y responsabilidad, teniendo en cuenta las realidades económicas del país y la capacidad fiscal de los gobiernos locales. Según Rendón, los ajustes salariales no solo impactan a los trabajadores, sino también a la ejecución de proyectos de infraestructura y programas sociales fundamentales para el desarrollo regional.
Con su declaración, Rendón busca resaltar que la discusión sobre el salario mínimo no puede centrarse únicamente en la cifra final, sino en cómo esa decisión se articula con la estructura económica y social de Colombia.
La suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado, afirmó, abre un espacio para reconsiderar las políticas salariales y garantizar que sean sostenibles tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas del país.