La suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo tomó por sorpresa a amplios sectores del país y abrió un nuevo capítulo en la discusión salarial. La decisión dejó en pausa el ajuste que impacta directamente a más de 2,4 millones de trabajadores y obligó al Gobierno nacional a replantear su estrategia en un escenario jurídico y económico más complejo.
Tras la notificación oficial, el Ejecutivo contará con un plazo de ocho días para presentar un nuevo decreto. Sin embargo, el proceso no se limita a redefinir una cifra: implica revisar una serie de variables técnicas, legales y sociales que históricamente han servido de base para la determinación del salario mínimo en Colombia.
Las variables que el Gobierno evalúa para definir el nuevo decreto del salario mínimo
Entre los principales elementos que deberán ser evaluados está la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para 2026, así como la inflación real registrada durante 2025, medida a través del Índice de Precios al Consumidor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
A esto se suman los indicadores de productividad acordados por el Comité Tripartito de Productividad, que coordina el Ministerio de Trabajo con base en cifras certificadas por el Dane.
También deberán entrar en el análisis el crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2025, la contribución de los salarios al ingreso nacional y los principios constitucionales que rigen la política salarial, como la protección especial del trabajo, la garantía de una remuneración mínima vital y móvil, la función social de la empresa y la dirección general de la economía a cargo del Estado.
En materia inflacionaria, el panorama se ha vuelto más exigente. El Banco de la República ajustó al alza sus proyecciones y ahora estima que la inflación cerrará 2026 en 6,4 %, por encima del cálculo previo de 4,6 %. Para 2027, la proyección pasó de 3,8 % a 4,8 %.
Para analistas, este contexto tiene efectos directos sobre el poder adquisitivo de los hogares. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, advirtió que la inflación afecta de forma desproporcionada a los hogares en condición de pobreza e informalidad.
El mercado laboral, aunque ha mostrado señales de recuperación, sigue presentando retos estructurales. En 2025, el desempleo cerró en 2,1 millones de personas, equivalente a una tasa de desocupación de 8,9 %. Según el Dane, en el último mes del año la tasa fue de 8,0 %, 1,1 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2024. No obstante, persiste una alta informalidad: cerca de 13,4 millones de ocupados trabajan bajo esta modalidad, frente a 10,7 millones con empleo formal.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que, pese a la generación de empleo, el país aún enfrenta el desafío de crear más y mejores puestos de trabajo.
Mientras tanto, el debate continúa en el plano político y jurídico. El presidente Gustavo Petro afirmó que respetará la decisión del Consejo de Estado, pero reiteró que actuará conforme a la Constitución.
En ese contexto, el Gobierno anunció una nueva reunión de concertación con los actores sociales y económicos, mientras prepara un ajuste transitorio que deberá equilibrar las condiciones económicas con la protección del ingreso de los trabajadores.
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