El caso de Kevin no admite lecturas ideológicas ni atajos discursivos, se trata ante todo, de una vida que se perdió en un país donde el propio Gobierno se define como defensor de la vida. Por eso, más allá de banderas políticas, lo ocurrido interpela a las instituciones del Estado y a la sociedad en su conjunto.
No es una consigna, es una tragedia que obliga a preguntarse qué está fallando cuando un sistema que debería proteger termina abandonando.
Las reacciones oficiales frente a este caso dejaron más dudas que respuestas. Mientras la familia despedía a un niño que llevaba tiempo esperando un medicamento esencial, desde el poder se ensayaban explicaciones que parecían trasladar la responsabilidad a su entorno más cercano. Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro no solo evidenciaron una desconexión con la realidad que viven miles de familias, sino una falta de empatía frente a un hecho que exige prudencia, respeto y autocrítica.
El problema va mucho más allá de un solo caso, la muerte de Kevin expone una situación que se repite en distintos puntos del país, pacientes que no reciben medicamentos a tiempo, tratamientos interrumpidos y trámites que se prolongan mientras la salud de las personas se deteriora. Negar que existe una crisis en el sistema de salud no la hace desaparecer. Por el contrario, prolonga un deterioro que ya no puede calificarse como excepcional, sino estructural.
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Mientras tanto, las consecuencias son irreversibles. Cada retraso administrativo, cada falla en la entrega de un tratamiento, tiene un impacto directo en la vida de las personas. Insistir en que todo funciona o atribuir responsabilidades a quienes menos poder tienen no soluciona el problema de fondo. Reconocer errores no debilita a un gobierno; negarlos, en cambio, profundiza la desconfianza y agrava la crisis.
Hay, además, un elemento social que no puede ignorarse. Parte del país parece haberse acostumbrado a estas noticias, como si se tratara de hechos lejanos o ajenos. Esa anestesia colectiva es peligrosa. Hoy el problema puede parecer distante, pero mañana puede tocar cualquier puerta, como ya lo han hecho la violencia y otras crisis que durante años se minimizaron.
Desde los medios de comunicación, el llamado es claro, este caso no debe politizarse ni olvidarse. Cada muerte asociada a una posible negligencia médica merece una revisión seria, transparente y humana. No para señalar bandos, sino para evitar que se repita. La vida no puede quedar atrapada entre discursos, excusas o disputas de poder. Como sociedad, el deber es exigir respuestas, correcciones y, sobre todo, un sistema de salud que esté a la altura de su razón de ser: cuidar a las personas, sin excepciones.
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