La Junta Directiva de Ecopetrol se pronunció oficialmente sobre las investigaciones que rodean a Ricardo Roa, presidente de la compañía, y confirmó que desde 2024 realiza un seguimiento permanente a la situación jurídica anunciada por las autoridades.
En un contexto donde la estabilidad institucional es clave para los mercados, la empresa informó que activó un protocolo interno de debida diligencia para analizar de manera rigurosa y documentada los posibles efectos que el proceso pueda tener sobre la organización.
¿Qué medidas tomó la Junta frente al caso Ricardo Roa?
De acuerdo con la comunicación, el procedimiento se enmarca en las obligaciones fiduciarias establecidas por la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno. La Junta señaló que el protocolo incluye el requerimiento formal de información tanto a Ricardo Roa como a las autoridades competentes.
El directivo, según se indicó, ha mantenido informada a la máxima instancia de gobierno corporativo. Paralelamente, se pusieron en marcha procesos internos dentro del sistema de gestión de cumplimiento para evaluar eventuales implicaciones legales, reputacionales y financieras.
La Junta enfatizó que respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso, al tiempo que reiteró que continuará monitoreando el caso para tomar decisiones oportunas si la situación lo exige.
El pronunciamiento se da en un momento sensible para la compañía, considerada la más grande de Colombia y responsable de más del 60 % de la producción nacional de hidrocarburos. Cualquier investigación que involucre a su presidente, como ocurre con Ricardo Roa, tiene repercusiones no solo internas, sino también en los mercados, los inversionistas y la percepción internacional.
La Junta concluyó que su prioridad es salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos, garantizar la confianza de los inversionistas y proteger la sostenibilidad financiera y la gobernanza de la empresa mientras avanza el proceso judicial.