La expedición del Decreto 0173 de 2026 encendió una nueva alerta en el sector asegurador. El gremio de las compañías de seguros, Fasecolda, cuestionó con firmeza la creación de una tarifa de impuesto al patrimonio del 1,6 % para las empresas del sector financiero, frente a una tasa general del 0,5 % para las demás personas jurídicas, al considerar que la norma pasa por alto la naturaleza particular de la actividad aseguradora.
Panorama general: Desde Bogotá, el gremio recordó que la industria ha sido un actor clave en la atención de las recientes emergencias asociadas a la ola invernal en distintas regiones del país, respondiendo de manera oportuna a las reclamaciones de los asegurados en ramos como propiedad, agrícola, vida y salud, lo que ha contribuido a reducir la carga fiscal que normalmente generan este tipo de eventos para el Estado.
Pese a ese contexto, las aseguradoras advierten que el nuevo gravamen al patrimonio tiene un diseño que consideran inadecuado desde el punto de vista técnico, además de ser regresivo. En su pronunciamiento, el sector señala que la medida se aleja de las mejores prácticas internacionales en materia tributaria y termina afectando negativamente la productividad, el empleo y la inversión en una actividad caracterizada por su alta intensidad de capital.
El reclamo también se sustenta en el cúmulo de cargas que ya enfrenta la industria. Actualmente, las compañías de seguros pagan una sobretasa del 5 % en el impuesto de renta y han estado expuestas, en anteriores escenarios de emergencia, a propuestas para elevar ese recargo hasta el 15 %. En ese contexto, el nuevo impuesto al patrimonio, aplicado de forma diferenciada, es visto por el gremio como una presión adicional que resulta desproporcionada y con efectos confiscatorios.
¿Es confiscatorio el nuevo impuesto al patrimonio para aseguradoras? El reclamo de Fasecolda
De acuerdo con las cifras del sector, la tasa efectiva de tributación en los seguros generales se sitúa hoy cerca del 40 %, uno de los niveles más altos a nivel internacional y por encima de los referentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Para Fasecolda, la imposición de tarifas diferenciadas por actividad económica introduce arbitrariedades en el sistema y termina afectando de manera injustificada a sectores productivos.
Por qué es importante: El debate se da, además, en un momento financiero retador para la industria. Durante 2025, las utilidades del sector asegurador registraron una caída del 20 %, un resultado que, según el gremio, reduce significativamente la capacidad de las compañías para absorber nuevas cargas tributarias sin comprometer su estabilidad y su operación.
Aun así, las aseguradoras destacan el alcance social de su actividad. Solo en 2025, el sector pagó reclamaciones por 27,6 billones de pesos a sus asegurados, una cifra que refleja su papel como soporte financiero para hogares y empresas en situaciones críticas. Por ello, Fasecolda considera desacertado que el Gobierno concentre sucesivas sobrecargas fiscales sobre un sector que cumple una función esencial en la gestión de riesgos y en la estabilidad económica de Colombia.
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