La discusión sobre ordenamiento territorial, gestión del riesgo y transición energética sumó un nuevo capítulo con la propuesta de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP): establecer la figura de “un geólogo por municipio” como política pública nacional.
El objetivo, según el gremio, es profesionalizar la toma de decisiones en los territorios, reducir tiempos de licenciamiento ambiental y fortalecer la prevención de desastres en Colombia, un país altamente vulnerable a fenómenos geológicos y climáticos.
“La primera de ellas básicamente ronda con que podamos hacer una gestión territorial geocientífica efectiva”, explicó Flover Rodrógiez, director ejecutivo de la ACGGP durante la presentación del proyecto.
¿Cómo funcionaría el geólogo por municipio, según la ACGGP?
La propuesta contempla una implementación gradual en un plazo de diez años, priorizando municipios minero-energéticos y zonas con alta vulnerabilidad a fenómenos como movimientos en masa, inundaciones o sismos.
“Pensamos en tres fases: una primera donde alcancemos el 30 % de los municipios en tres años; una segunda donde lleguemos al 60 % en seis años; y una última que a diez años nos lleve al 100 % de los municipios del país.”
Uno de los argumentos centrales del gremio es que la presencia de geólogos en las alcaldías podría reducir entre un 20 % y un 30 % los tiempos de licenciamiento ambiental, al disminuir el desconocimiento técnico en las autoridades locales.
“Mucho de lo que ocurre usualmente en el licenciamiento ambiental pasa por desconocimiento, por profesionales que no necesariamente saben qué es una adquisición sísmica.”
La figura no reemplazaría otras competencias técnicas, pero sí actuaría como articulador entre municipios, autoridades ambientales y entidades nacionales como el Servicio Geológico Colombiano.
“No quiere decir que el geólogo va a resolver todos los problemas, pero va a ser un actor estratégico para ayudarnos a gestionarlos y para conectar instituciones en los territorios.”
¿De dónde saldrían los $70 mil millones?
El punto más sensible del proyecto es su viabilidad financiera. La ACGGP estima que la implementación completa requeriría aproximadamente $70 mil millones anuales en promedio, recursos que, según la propuesta, podrían provenir del Sistema General de Regalías.
El argumento es que el fortalecimiento técnico territorial tiene relación directa con la correcta administración de recursos naturales, la prevención de desastres y la eficiencia en proyectos minero-energéticos que precisamente generan regalías.
Bajo esa lógica, el financiamiento vía regalías permitiría cubrir salarios que alcanzarían promedio de $5.000.000, dotación técnica y trabajo de campo, sin afectar directamente el presupuesto ordinario de los municipios.
Sin embargo, el debate de fondo será político y fiscal: en un contexto de restricciones presupuestales y discusión sobre la destinación de regalías, la pregunta será si el Congreso prioriza la profesionalización geocientífica como herramienta estructural de desarrollo territorial.
Empleo y fortalecimiento institucional
La iniciativa también tiene un componente laboral. Según cifras del gremio, cerca del 50 % de los profesionales en ciencias de la Tierra en Colombia no tienen empleo, pese a que en los últimos tres años se han matriculado más de 1.200 nuevos geólogos.
“Tenemos capital humano”, aseguró el vocero, quien insistió en que la articulación con el Servicio Geológico Colombiano permitiría blindar técnicamente la figura y evitar que se convierta en una cuota política municipal.
“Conectar la profesionalización de los territorios con el Servicio Geológico Colombiano es la mejor manera de fortalecer la institucionalidad técnica del país.”
Además del componente territorial, el paquete legislativo incluye el reconocimiento del subsuelo como activo estratégico de la Nación y la incorporación obligatoria del conocimiento geológico en la Ley de Ordenamiento Territorial.
La ACGGP argumenta que el país pierde competitividad cuando los descubrimientos tardan entre cuatro y cinco años en ser declarados comercialmente, y que una visión estratégica permitiría agilizar procesos, reducir importaciones energéticas y fortalecer la autosuficiencia.
También subrayaron la necesidad de mejorar la articulación institucional, fortalecer entidades técnicas como el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM, y avanzar hacia una política de gestión del riesgo centrada en la prevención y no únicamente en la atención de desastres.
El gremio explicó que el proyecto aún se encuentra en fase de borrador y que la hoja de ruta contempla radicarlo en el primer periodo legislativo del nuevo Congreso. En principio, la iniciativa sería discutida en la Comisión Quinta, por tratarse de temas relacionados con minas, energía y asuntos ambientales.
Sin embargo, antes de su presentación formal, la asociación planea compartir el texto con las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) para recibir retroalimentación técnica y jurídica. Según señalaron, ya han sostenido conversaciones con distintos sectores políticos, incluyendo el Pacto Histórico, el Partido Conservador y el Centro Democrático, con una recepción que calificaron como “positiva” y transversal, insistiendo en que se trata de una propuesta sin color partidista.