El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de las EPS en quiebra volvió a encender el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, el mandatario dio una instrucción directa a su equipo económico y sanitario: proceder con la liquidación de aquellas entidades que no sean viables financieramente.
La declaración, sin embargo, dejó más preguntas que respuestas. Aunque la orden fue clara, el Gobierno no precisó cuáles serían las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que entrarían en proceso de liquidación, lo que generó incertidumbre entre millones de afiliados en todo el país.
Gustavo Petro ordena liquidar EPS en quiebra y aumenta la incertidumbre en el sistema de salud
Actualmente, cerca de 23 millones de usuarios están vinculados a ocho EPS bajo algún tipo de intervención estatal. Entre ellas se encuentran nombres de gran peso en el sistema como Famisanar EPS y Coosalud EPS, que en conjunto concentran más de seis millones de afiliados. A estas se suman Asmet Salud EPS, Emssanar EPS, Savia Salud EPS, Servicio Occidental de Salud EPS S.O.S y Capresoca EPS.
El riesgo no es menor. Varias de estas entidades presentan un deterioro financiero sostenido en los últimos años, reflejado en patrimonios negativos y crecientes dificultades para garantizar la prestación de servicios. Informes del sector evidencian que, entre 2022 y 2025, el patrimonio negativo conjunto de varias EPS intervenidas se multiplicó, lo que da cuenta de una crisis estructural.
Uno de los casos más sensibles es el de Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados en el país, con cerca de 11 millones de usuarios. La entidad acumula deudas millonarias en los últimos años, lo que la ubica en una posición crítica. No obstante, su condición particular con participación estatal del 50 % implica que cualquier decisión sobre su futuro tendría un impacto directo en las finanzas públicas.
El propio presidente Petro ha señalado que, en este caso, el Estado tendría que asumir una parte significativa de las obligaciones, lo que añade complejidad a cualquier eventual proceso de liquidación.
Por su parte, Famisanar continúa bajo intervención desde 2023 y ha mostrado un deterioro progresivo en sus indicadores financieros, acompañado de un aumento significativo en las quejas de los usuarios. La situación también ha sido motivo de alertas por parte de organismos de control.
En el caso de Coosalud, las preocupaciones no solo son financieras. Recientemente, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria tras evidenciar un incremento en las quejas, tutelas y fallos incumplidos, lo que refleja barreras persistentes en el acceso a servicios de salud para sus afiliados.
Otras entidades como Asmet Salud mantienen medidas de vigilancia estricta mientras operan en regiones apartadas, donde en muchos casos son la única opción para la población. Este factor añade presión al Gobierno, ya que una eventual liquidación podría dejar sin cobertura a comunidades vulnerables.
El escenario que plantea el Ejecutivo se da luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, lo que, según el propio Petro, limita las alternativas de transformación del sistema. En ese contexto, la liquidación de EPS en crisis aparece como una de las pocas herramientas disponibles.
Por ahora, el país permanece a la expectativa de decisiones concretas. Mientras tanto, millones de usuarios siguen sin claridad sobre el futuro de su aseguramiento en salud, en medio de una de las coyunturas más críticas que ha enfrentado el sistema en los últimos años.
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