En los pasillos del Ministerio Público el ambiente es tenso. Lo que parecía una diligencia rutinaria de aporte a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha transformado en un escándalo de independencia institucional. La declaración de insubsistencia de Carlos Alberto Garzón, el abogado delegado de la Procuraduría que llevaba el caso de la exsenadora Zulema Jattin, ha levantado sospechas sobre las garantías de los funcionarios que se atreven a profundizar en las redes de la parapolítica.
Panorama general: La controversia estalló durante una reciente audiencia donde Jattin, aceptada por la JEP en 2021 como compareciente voluntaria, debía profundizar en la reconstrucción de los pactos entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la clase política de Córdoba entre 2000 y 2007.
Bajo la supervisión del procurador primero delegado, Eduardo Padilla, el abogado Garzón formuló un cuestionario que buscaba desentrañar los mecanismos de influencia electoral de la época. Según reveló El Reporte Coronell, tres puntos específicos encendieron las alarmas de la defensa de Jattin:
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Luis Gustavo Moreno: Preguntas sobre el exfiscal anticorrupción, extraditado tras el escándalo del «Cartel de la Toga».
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Jairo Andrés Angarita: Vínculos con el que fuera el segundo al mando de Salvatore Mancuso.
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William Salleg: Propietario de un diario regional señalado de servir como aparato de propaganda para las estructuras paramilitares.
Pese a que la magistrada Nadiezdha Henríquez respaldó la pertinencia de las preguntas para el esclarecimiento de la verdad, la reacción de Jattin y su abogado fue de rechazo total. La incomodidad fue evidente, pero las consecuencias reales llegaron después del cierre de la sesión.
¿Censura en la Procuraduría? El polémico despido del abogado que interrogaba a Zulema Jatti
Tras finalizar la diligencia, se reportaron llamadas y cuestionamientos internos dirigidos al equipo de la Procuraduría. Al día siguiente, sin previo aviso, el procurador general Gregorio Eljach firmó la resolución que apartaba a Garzón de su cargo de manera inmediata.
La celeridad de la salida de Garzón, declarado insubsistente justo después de tocar fibras sensibles en el proceso de Jattin, ha generado un manto de duda sobre si el Ministerio Público está actuando como un ente de control o si, por el contrario, está cediendo a presiones externas.
Zulema Jattin no es una figura menor en este ajedrez. Heredera del capital político de su padre, el liberal Francisco José Jattin, escaló rápidamente desde el concejo de Lorica hasta la presidencia de la Cámara de Representantes y, posteriormente, al Senado con el Partido de la U.
Por qué es importante: Su historia con el paramilitarismo es una de las más complejas: pasó de ser secuestrada por orden de Carlos Castaño a convertirse en una colaboradora estratégica. Ella misma ha admitido ante la JEP: «Yo entendí en ese momento que el accionar de los paramilitares iba a favorecerme directamente». Esa honestidad, sin embargo, parece haber encontrado un límite en el interrogatorio del abogado Garzón.
Ante el revuelo, el procurador general Gregorio Eljach ha optado por la cautela legal. Tras confirmarse que existe una demanda contra el acto administrativo que retiró a Garzón de sus funciones, el jefe del Ministerio Público aseguró que se abstendrá de dar declaraciones para no interferir en el proceso judicial en curso.
Por ahora, el caso deja una pregunta en el aire: ¿qué tan profundo puede excavar un funcionario del Estado antes de que el terreno ceda bajo sus pies? La salida de Garzón parece enviar un mensaje sombrío a quienes buscan la verdad en los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia.