En un giro inesperado que deja en entredicho la eficiencia de la Fiscalía General de la Nación en procesos de alto impacto, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La decisión se fundamenta en un error procedimental insalvable: el vencimiento de los términos legales para presentar la acusación formal en su contra.
Bonilla, quien cumplía casi cuatro meses privado de la libertad, es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el expediente, se le vincula con los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Panorama general:La magistrada del Tribunal, Isabel Álvarez Fernández, fue tajante en su exposición jurídica. Bajo el marco legal colombiano, el ente acusador dispone inicialmente de 60 días para radicar la acusación. No obstante, dada la complejidad del caso, que involucra tres delitos y es de especial relevancia nacional, dicho plazo se extendía a 120 días.
El calendario no miente: la fecha límite para que la Fiscalía cumpliera con su deber procesal venció el pasado primero de abril. Al llegar este 7 de abril, momento en que inició la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento interpuesta por la defensa, el escrito de acusación seguía sin aparecer en el sistema de la Corte Suprema de Justicia.
Caso UNGRD: ¿Por qué quedó libre el exministro Ricardo Bonilla?
En un intento por «apagar el incendio» jurídico, la Fiscalía intentó radicar el documento ante la Corte de manera apresurada, una hora después de haber iniciado la audiencia de este martes. Sin embargo, para la magistrada Álvarez, el intento resultó extemporáneo.
Si bien existe jurisprudencia que permite subsanar errores de la Fiscalía cuando se presentan hechos sobrevinientes, la togada argumentó que el respeto por el debido proceso debe prevalecer. Sostuvo que no es admisible trasladar la carga de la ineficiencia institucional al procesado, apelando al principio de razonabilidad.
«La Fiscalía superó con creces los 120 días de plazo. No se puede imponer toda la carga sobre la persona acusada cuando la institución falla en sus responsabilidades básicas», subrayó la magistrada durante la lectura del fallo.
Por qué es importante: La liberación de Ricardo Bonilla representa un duro golpe mediático y jurídico para el proceso que busca esclarecer el saqueo a la UNGRD, considerado el escándalo de corrupción más profundo en lo que va de la administración de Gustavo Petro.
Aunque el exministro recupera su libertad, esto no implica su desvinculación del proceso. La investigación continúa y el exfuncionario deberá seguir compareciendo ante la justicia, ahora desde la libertad, mientras la Corte Suprema de Justicia asume el estudio de la acusación radicada tarde, pero finalmente entregada, por la Fiscalía.
Por ahora, el debate gira en torno a la gestión interna del ente acusador y cómo, en un caso de tal envergadura, se permitió que un descuido administrativo abriera las puertas de la cárcel a uno de sus protagonistas clave.
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