Paro Nacional el 9 de abril: Colombia en alerta por bloqueos en corredores estratégicos

Una jornada de alta tensión se prevé para este jueves en el país debido a las movilizaciones de gremios campesinos y organizaciones civiles.

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Colombia se prepara para una jornada de alta tensión este jueves 9 de abril. Gremios campesinos, organizaciones civiles y sectores de la oposición han convocado a un paro nacional que amenaza con paralizar corredores viales estratégicos en varios departamentos. El detonante de la protesta es unánime: el rechazo al incremento sustancial en los avalúos catastrales derivado de la política de catastro multipropósito, un fenómeno que ha disparado el impuesto predial en cientos de municipios.

La movilización no solo busca expresar el descontento popular, sino que exige soluciones técnicas y legislativas de fondo, como la congelación de los efectos fiscales del catastro y la apertura de una mesa de diálogo directo con el Gobierno Nacional.

Panorama general: Las autoridades de tránsito y transporte mantienen el radar encendido sobre cinco departamentos clave: Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Antioquia y Atlántico. En estas zonas se prevén plantones en las plazas principales, pero el mayor temor radica en los bloqueos intermitentes en rutas nacionales que conectan los centros de producción agrícola con las grandes capitales.

En el departamento de Santander, la situación se perfila especialmente compleja. La Secretaría del Interior ya ha identificado nodos críticos donde la movilidad podría verse interrumpida:

  • Área metropolitana de Bucaramanga y autopista a Floridablanca.

  • Municipio de Lebrija, paso obligado hacia el Magdalena Medio y la Costa Caribe.

  • Ruta Comunera entre San Gil y Socorro, vital para el transporte de carga hacia el centro del país.

Paro nacional 9 de abril: Puntos críticos de bloqueos y razones de la protesta

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Ante el riesgo de parálisis, el Gobierno de Santander tomó la delantera activando un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde este miércoles 8 de abril. Óscar Hernández Durán, secretario del Interior departamental, aseguró que la prioridad es garantizar el derecho a la protesta sin vulnerar la movilidad de quienes no participan en la jornada.

«Hemos estado articulando desde la institucionalidad y activando un observatorio para hacer seguimiento minuto a minuto a la situación», explicó Hernández Durán.

El funcionario también confirmó que se han sostenido reuniones con los líderes de las movilizaciones para canalizar sus inquietudes y trasladar su pliego de peticiones al Ministerio del Interior y al Viceministerio para el Diálogo, buscando que el conflicto encuentre una salida en el orden nacional.

Por qué es importante: La indignación de los manifestantes tiene un nombre técnico: la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Expedida el pasado 30 de diciembre de 2025, esta norma actualizó los avalúos en 527 municipios, resultando en incrementos que muchos propietarios consideran impagables.

El pliego de peticiones de los manifestantes es contundente:

  1. Derogatoria total de la resolución del IGAC.

  2. Suspensión por un año de los efectos de la actualización catastral para corregir errores metodológicos.

  3. Frenar medidas coactivas, tales como embargos, sanciones y cobros moratorios derivados del incremento del predial.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha salido al paso de las críticas, defendiendo la implementación del catastro multipropósito como un mandato del Acuerdo de Paz de 2016. Según el mandatario, existe una narrativa de desinformación por parte de la oposición para generar malestar en el campesinado.

«El objetivo es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen», advirtió Petro. El presidente enfatizó que, si bien el Gobierno Nacional actualiza el valor de la tierra (la base), son los Concejos Municipales quienes determinan la tasa del impuesto. «Hay concejos que elevaron la tasa a todos para echarle la culpa al Gobierno, y otros que la bajaron para proteger al ciudadano», sentenció.

Con este panorama de posiciones encontradas, el país enfrenta un 9 de abril de incertidumbre, donde la capacidad de diálogo de las autoridades locales y la respuesta del Ejecutivo Nacional serán determinantes para evitar que el país sufra un nuevo episodio de parálisis logística.

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