El Gobierno nacional oficializó un incremento del 7 % en los salarios de los integrantes de la fuerza pública, una decisión que busca corregir desequilibrios internos en la estructura de pagos y atender las solicitudes de distintos sectores del estamento militar y policial.
El ajuste salarial aplica para los miembros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Armada Nacional y la Policía Nacional. De acuerdo con lo estipulado en el documento, el aumento corresponde a la suma del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5 %, más un adicional cercano al 1,9 %, diseñado para avanzar en la nivelación de la escala salarial entre oficiales y suboficiales.
Gobierno anuncia que salarios de militares y policías subirán 7 % en 2026: así quedó el decreto oficial
La decisión se produce en un contexto marcado por tensiones internas en la estructura de remuneración. Meses atrás, el incremento del 23 % en el salario de soldados y auxiliares que prestan el servicio militar generó un desbalance significativo.
En varios casos, personal de rangos iniciales comenzó a recibir ingresos similares o incluso superiores a los de suboficiales con mayor trayectoria, lo que alteró el principio de progresividad que rige las jerarquías dentro de las instituciones.
En el decreto, el propio Gobierno reconoce que esta situación derivó en inconsistencias en la escala salarial, afectando la relación lógica entre los diferentes grados. El texto oficial señala que se presentaron “distorsiones” que rompieron la proporcionalidad esperada entre niveles jerárquicos, razón por la cual se adoptó este ajuste con el objetivo de restablecer el equilibrio.
Con este incremento, la administración busca que los salarios reflejen de manera más adecuada factores como la experiencia, las responsabilidades y el rango de cada integrante de la fuerza pública.
La intención es reconstruir una estructura salarial coherente, en la que cada ascenso represente una mejora clara en las condiciones económicas.
No obstante, la medida ha generado reacciones encontradas. Desde sectores de oficiales y suboficiales en retiro, tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares, han surgido cuestionamientos frente al alcance real del decreto. Aunque reconocen que el aumento era necesario y esperado, advierten que aún persisten diferencias importantes en los niveles de remuneración.
Para estos grupos, el ajuste constituye un paso en la dirección correcta, pero no resuelve de fondo los problemas estructurales que afectan la equidad salarial dentro de la fuerza pública. Insisten en que se requieren reformas más profundas que garanticen una distribución más justa y sostenida en el tiempo.
Así, mientras el Gobierno defiende la medida como un esfuerzo por corregir anomalías recientes, el debate sobre las condiciones salariales de militares y policías continúa abierto, con llamados a revisar de manera integral el sistema de compensación en estas instituciones clave para la seguridad del país.
Lea también: Inversión con impacto: 37 empresas financian proyectos en Antioquia