Hay formas de poder que no se imponen: se infiltran. No llegan por asalto, sino por agotamiento. No necesitan convencer, basta con que nadie cuestione. Colombia empieza a habituarse a una de esas formas silenciosas de dominación: la del consenso entendido no como resultado de la deliberación, sino como producto de la inercia. Un consenso sin contenido, sin exigencia y, sobre todo, sin pensamiento. La idea misma de disentir ha empezado a percibirse como un esfuerzo innecesario en una cultura que premia la rapidez sobre la profundidad, la validación sobre la verdad y la pertenencia sobre el criterio. No es el consenso de las democracias maduras, construido a partir del conflicto racional entre ideas, sino su versión degradada: una aceptación casi automática de aquello que circula con suficiente insistencia.
En ese terreno fértil para la superficialidad, la juventud —que históricamente ha encarnado la ruptura, la pregunta incómoda y la rebeldía informada— comienza a mostrar signos preocupantes de docilidad intelectual. No por incapacidad, sino por desuso. Nunca antes una generación tuvo a su alcance tal volumen de información, tal diversidad de fuentes, tal posibilidad de contrastar. Y sin embargo, pocas veces se había visto una disposición tan débil a hacerlo. La ignorancia, en este caso, no es estructural; es voluntaria. No nace de la ausencia de herramientas, sino de la renuncia a utilizarlas. Pensar exige esfuerzo, y el esfuerzo ha dejado de ser una virtud para convertirse en una carga prescindible en medio de la comodidad que ofrece repetir lo que otros ya han validado.
La constatación empírica de este fenómeno no proviene de teorías abstractas, sino de conversaciones concretas. Al indagar por las razones detrás de ciertas inclinaciones políticas —particularmente el respaldo al proyecto de Gustavo Petro o la intención de votar por Iván Cepeda Castro— la respuesta dominante no es un argumento, sino una fórmula. “Continuar el proyecto” aparece como justificación suficiente, como si la continuidad fuera en sí misma un valor y no una decisión que exige evaluación. En otros casos, el razonamiento se diluye en impresiones vagas, en ecos de lo que “se ha escuchado”. Lo inquietante no es la posición adoptada, sino la ausencia de proceso para adoptarla. No hay contraste de resultados, ni ponderación de consecuencias, ni examen de consistencia. Hay, simplemente, repetición.
Ese desplazamiento del criterio hacia la inercia tiene implicaciones más profundas de lo que suele admitirse. Una democracia no se sostiene únicamente sobre la existencia del voto, sino sobre la calidad del juicio que lo orienta. Cuando el ciudadano deja de exigirse razones, el acto de elegir pierde densidad y se convierte en un reflejo condicionado. El consenso vacío, en ese sentido, no es una forma de cohesión social, sino una forma de empobrecimiento intelectual colectivo. Uniforma donde debería elevar, simplifica donde debería exigir, valida donde debería interrogar. Y en ese proceso, transforma la política en una extensión del comportamiento gregario: se piensa como se piensa alrededor, se opina como se opina en el entorno, se decide como decide la corriente dominante.
No se trata, conviene insistir, de una discusión ideológica en sentido estricto. Las democracias están diseñadas para albergar desacuerdos profundos, incluso irreconciliables. El problema no es que existan preferencias divergentes, sino que estas dejen de construirse sobre razones. Cuando la validación social sustituye a la evidencia, cuando la tendencia reemplaza al argumento, cuando la pertenencia al grupo pesa más que la coherencia interna de una idea, lo que se erosiona no es una posición política particular, sino la capacidad misma de la sociedad para distinguir entre lo sólido y lo accesorio. Y esa erosión no es inocua: abre la puerta a narrativas simples, emocionalmente eficaces, pero intelectualmente débiles, que encuentran en la falta de exigencia un terreno particularmente propicio para expandirse.
En ese contexto, proyectos políticos como el de Gustavo Petro logran consolidar algo más duradero que un respaldo coyuntural: instalan marcos mentales que sobreviven a la evaluación de resultados. La adhesión deja de depender del desempeño y pasa a descansar en la continuidad simbólica. De allí que figuras como Iván Cepeda Castro puedan capitalizar ese impulso sin necesidad de someterse a un escrutinio riguroso de viabilidad o impacto. No es un fenómeno exclusivamente político; es, en esencia, cultural. Y por eso mismo, más difícil de revertir.
Las consecuencias de esta deriva no se limitan al plano del debate público. Se traducen en decisiones que afectan variables materiales: empleo, inversión, seguridad jurídica, sostenibilidad fiscal. Sin embargo, esas dimensiones rara vez entran en la ecuación de quien decide desde la inercia. Son demasiado complejas, demasiado técnicas, demasiado exigentes para una cultura que ha reducido el análisis a impresiones rápidas. El resultado es una ciudadanía que participa, pero no necesariamente delibera; que opina, pero no siempre comprende; que decide, pero no siempre sabe por qué.
De ahí la gravedad del momento. Una sociedad no se degrada únicamente por los errores de sus gobiernos, sino por la relajación de sus propios estándares. El tránsito no es abrupto; es progresivo. Empieza con pequeñas concesiones: aceptar sin verificar, repetir sin procesar, adherir sin cuestionar. Y culmina en un punto en el que la diferencia entre un argumento y una consigna deja de ser evidente. Ese es el umbral en el que el consenso deja de ser una herramienta de la democracia para convertirse en su sustituto.
Recuperar el estándar perdido no depende de reformas institucionales ni de cambios de gobierno. Depende de una decisión más exigente: la de restituir el valor del pensamiento como práctica cotidiana. Leer antes de opinar, contrastar antes de concluir, incomodarse antes de adherir. Volver, en suma, a la disciplina de pensar en serio. Porque el verdadero riesgo no es la polarización ni el desacuerdo —ambos son inherentes a cualquier sociedad viva—, sino la normalización de la superficialidad como criterio de decisión. Y una sociedad que decide sin exigirse razones no solo se equivoca más: deja, silenciosamente, de ser plenamente libre.
Por: Juan Diego Vélez Forero -@juandiegovelezf
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