En un movimiento estratégico que busca romper con décadas de dependencia climática, el Gobierno de Colombia oficializó su hoja de ruta para la evaluación e incorporación de la energía nuclear en su matriz eléctrica. La decisión, coordinada desde la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, responde a la urgente necesidad deblindar el sistema eléctrico nacional frente a las recurrentes crisis de sequía provocadas por el fenómeno de El Niño.
Con el fantasma de un nuevo ciclo de El Niño proyectado para el segundo semestre de este año, cuyas probabilidades de alcanzar una intensidad severa superan el 85%, el Ministerio de Minas y Energía busca alternativas de «energía firme» que no fluctúen con el nivel de los embalses. Actualmente, el 66% de la generación eléctrica colombiana proviene de fuentes hídricas, un talón de Aquiles estructural que obliga al país a encender termoeléctricas contaminantes y costosas cada vez que las lluvias escasean.
El plan de Colombia para reemplazar las termoeléctricas contaminantes por energía atómica
La apuesta por el átomo no parte de cero. Históricamente, el territorio colombiano ha ratificado 24 convenios internacionales enfocados en la seguridad y el manejo civil de componentes radiactivos. Su experiencia se ha concentrado en aplicaciones médicas, industriales y agrícolas, posicionando al país como un referente regional en la gestión segura de estos materiales. Sin embargo, dar el salto hacia la generación a gran escala representa un cambio de paradigma energético.

De acuerdo con los lineamientos del Plan Energético Nacional 2022-2052, la meta no es la construcción de los tradicionales e inmensos reactores del siglo pasado, sino la implementación de Reactores Modulares Pequeños (SMR, por sus siglas en inglés). Estas tecnologías de nueva generación ofrecen capacidades flexibles que oscilan entre los 10 y los 300 megavatios, permitiendo un ensamble modular y escalable según las demandas regionales específicas.
A pesar de las suspicacias que suele despertar este sector, recientes proyecciones académicas y estatales señalan que la viabilidad económica ha dado un vuelco favorable. Modelos de costos nivelados de energía indican que, hacia la ventana de 2038 a 2043, el costo por megavatio-hora nuclear podría estabilizarse en torno a los 77 dólares, compitiendo de manera directa con los combustibles fósiles tradicionales, pero con una fracción mínima de su impacto ambiental. Mientras el carbón emite cerca de 950 gramos de CO₂ por kilovatio-hora, la alternativa nuclear apenas promedia entre 4 y 6 gramos.
La estrategia ministerial contempla un cronograma de preparación institucional de entre 10 y 15 años. Durante este periodo, se priorizará el robustecimiento de los marcos regulatorios y la formación de capital humano técnico en colaboración con el OIEA. Asimismo, las autoridades subrayaron que el éxito de esta transición dependerá enteramente de la «licencia social», abriendo espacios de socialización y debate técnico y comunitario para desmitificar los riesgos asociados y priorizar soluciones como la desalinización de agua en zonas críticas como La Guajira.
Con esta decisión, Colombia diversifica un portafolio de contingencia que ya cuenta con una hoja de ruta de 50 acciones preventivas de corto plazo para encarar la escasez de lluvias de finales de año, apuntando a que el futuro del suministro eléctrico nacional deje de depender estrictamente de las nubes.
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