El Hecho: La justicia colombiana condenó en primera instancia a dos patrulleros de la policía por el homicidio de un manifestante y la alteración de pruebas en Soacha, Cundinamarca.
¿Por qué es importante?: El fallo sanciona el encubrimiento oficial y el uso desproporcionado de la fuerza, abriendo camino a la justicia en los demás homicidios aún no esclarecidos de esa jornada.
¿Cuál es el contexto?: Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2020 durante las violentas protestas por la muerte de Javier Ordóñez, disturbios que dejaron un trágico saldo de 13 personas muertas.
¿A quiénes afecta y cómo?: Afecta a las familias de las víctimas que buscan justicia, y a los patrulleros procesados, quienes enfrentarán penas de prisión tras desvirtuarse su versión con pruebas técnicas.
El dato que no se puede perder: El patrullero Óscar Márquez recibió una condena de 18 años de prisión por homicidio y ocultamiento de pruebas, mientras que su compañero pagará 50 meses por complicidad.
En un fallo de primera instancia que revive uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país, la justicia colombiana condenó a dos patrulleros de la Policía Nacional implicados en la muerte de un manifestante y en la posterior alteración de la escena para desviar la investigación penal. Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2020 en el sector de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el marco de las violentas jornadas de protesta social que sacudieron a la capital y sus alrededores.
Tras un riguroso juicio oral, la Fiscalía General de la Nación, conforme se detalla en el Boletín, se demostró la responsabilidad de los uniformados Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla. Según el expediente judicial, ambos patrulleros accionaron sus armas de dotación en contra de un grupo de personas que se manifestaba en las inmediaciones de la estación de policía de la zona.
Panorama general: Las manifestaciones de aquella noche no fueron fortuitas. La indignación ciudadana había estallado horas antes tras conocerse la muerte de Javier Ordóñez Bermúdez, un ciudadano de 44 años, a manos de dos policías en el barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá. A través de redes sociales circularon videos estremecedores que mostraban cómo los uniformados descargaron una pistola táser contra Ordóñez en al menos 10 oportunidades.
A pesar de sus súplicas, Ordóñez fue trasladado al CAI de Villa Luz y, posteriormente, a la Clínica Santa María del Lago, a donde llegó sin signos vitales. El caso encendió una mecha de protestas que se extendió hasta el 10 de septiembre, dejando un saldo trágico y desproporcionado: 10 personas muertas en Bogotá y tres más en el municipio de Soacha.
Entre las víctimas fatales de Soacha se encontraban Cristian Hurtado Meneses, Lorwan Stiven Mendoza y Anthony Estrada, un joven venezolano de 28 años cuya vida terminó abruptamente esa noche.
Estrada había llegado a Colombia en 2019, huyendo de la crisis de su país en busca de estabilidad económica. Residía en el sector de Ciudad Verde y se ganaba la vida como vendedor ambulante. Su arraigo familiar seguía intacto; cada noche, sin falta, llamaba a su hermana, Osmary Estrada Espinoza, quien estaba radicada en Cali desde 2017. Sin embargo, la noche del 9 de septiembre, el teléfono de Osmary nunca sonó. Un proyectil disparado por el patrullero Márquez Rojas había impactado a Anthony en el lugar de la protesta, segando su vida de manera inmediata.
Protestas del 9 de septiembre: 18 años de cárcel para policía en Soacha
La investigación penal reveló que, tras percatarse de la gravedad de lo sucedido en Ciudad Verde, los dos funcionarios policiales urdieron una estrategia para encubrir el crimen. Al regresar a las instalaciones policiales, ambos entregaron sus armas en el armerillo reportando falsamente la totalidad de la munición asignada. Con esta maniobra, pretendían simular que nunca habían disparado y, de este modo, eludir el rastro de balística.
Sin embargo, el material probatorio técnico y testimonial presentado por la Fiscalía desvirtuó la versión de los uniformados, lo que llevó al juzgado de conocimiento de Soacha a emitir un fallo contundente:
Óscar Alexander Márquez Rojas: Condenado a 18 años de prisión al ser hallado responsable de los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla: Condenado a 50 meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Al tratarse de una sentencia de primera instancia, la defensa de los procesados aún cuenta con los recursos de ley para apelar la decisión ante un tribunal superior.
Por qué es importante: Aunque esta condena representa un avance significativo para los familiares de Anthony Estrada, el panorama judicial de esa trágica jornada aún no está cerrado. La Fiscalía General de la Nación confirmó que mantiene activas las investigaciones orientadas a esclarecer los homicidios de Cristian Hurtado Meneses y Lorwan Stiven Mendoza, los otros dos ciudadanos caídos en Soacha durante las protestas, con el firme objetivo de identificar y judicializar a los responsables.
Lea también: Concejales de Medellín reciben amenazas de muerte: Piden acción de la UNP