Hoy entrarán más de 400 integrantes del Clan del Golfo, el grupo armado más grande y poderoso de Colombia, el mismo que trafica cocaína hacia medio mundo, el mismo que extorsiona campesinos, empresarios y alcaldes, ingresarán a las Zonas de Ubicación Temporal en Tierralta, Córdoba, y en Belén de Bajirá, Chocó. El gobierno de Gustavo Petro lo presenta como un hito de su política de «paz total». Habría que preguntarle a quiénes.
Lo que reveló esta semana un informe de inteligencia, filtrado a la revista Semana y que el gobierno no ha desmentido con hechos, no es precisamente el relato de una organización criminal que llegó a sus límites y decidió rendirse. Es el relato de un grupo que aprendió a usar la mesa de negociación como trinchera. El «conejo», según ese informe, es conocido: aprovechar las zonas de concentración para reorganizarse, reclutar nuevos combatientes desde posiciones de protección legal, consolidar el control territorial en zonas aledañas y ganar tiempo mientras el gobierno saliente ya no puede hacerle nada y el entrante aún no sabe qué hacer con ellos.
A propósito de la seguridad en el país, el presidente electo Abelardo De la Espriella comentó durante la ceremonia en la que le entregaron su certificado como nuevo mandatario de la República de Colombia, que no sera paciente con los grupos armados ilegales. Por lo tanto, lanzó ultimátum y les dio un mes para someterse a la justicia.
De la Espriella explicó que bajo su mandato no realizará negociaciones o concesiones, tal como lo hizo el presidente actual Gustavo Petro con la ‘Paz Total’. “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, fueron sus palabras.
No es una hipótesis de trabajo. Es un patrón
Lo hemos visto antes. En distintos momentos de la historia reciente de Colombia, grupos armados ilegales han entrado a procesos de negociación no para desarmarse, sino para rearmarse con mejores condiciones. Lo novedoso aquí es la escala del fracaso que precede al acuerdo: el Clan del Golfo duplicó su tamaño durante el gobierno Petro. Pasó de ser una amenaza regional a consolidarse como la organización criminal con mayor presencia territorial en el país. Eso no ocurrió a pesar de la «paz total». Ocurrió, en parte, gracias a ella.
Es aquí en donde la propuesta de Gobierno del presidente electo frente a la seguridad resulta llamativa, en un punto en el que el país sufre las consecuencias de una ‘Paz Total’ que se quedó en ideas, pero que poco logró resultados positivos para los territorios que han vivido de cerca el conflicto. “La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la impunidad: solo prevalecerá el imperio de la ley”, comentó De la Espriella también durante su ceremonia.
Cuando el Estado señala que no combatirá, el crimen avanza. Es así de simple.
El gobierno argumentará que la alternativa, la confrontación militar, tampoco dio resultados definitivos. Tiene razón en que no los dio. Pero la comparación correcta no es entre paz total y guerra total, sino entre rendición institucional y negociación con condiciones reales. Una negociación seria exige verificación, garantías, cese de actividades criminales comprobable y un horizonte claro de sometimiento a la justicia. Nada de eso está acreditado hoy en lo que ocurre en Tierralta y Bajirá.
Lo que hay, en cambio, es una resolución del gobierno que suspende órdenes de captura contra líderes del grupo para facilitar su traslado a las zonas. Es decir: el Estado colombiano les abrió la puerta, les tendió la mano y les dijo que podían entrar sin temor a ser detenidos. Que eso se haga en los últimos 43 días de un gobierno que no responderá por las consecuencias es, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad histórica.
El presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo ya saben que recibirán este proceso sin haberlo diseñado, sin haber avalado sus condiciones y sin que nadie les haya preguntado. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo coordinará un empalme forense de cada entidad del Estado. Será indispensable que ese análisis incluya a fondo los términos de lo acordado con el Clan del Golfo, los compromisos adquiridos, los mecanismos de verificación, si los hay, y el estado real del orden público en las zonas donde operan.
La «Paz total» fue una apuesta política. No fue una política de seguridad. Esa diferencia importa, y mucho, cuando quien paga el precio no es el gobierno que la diseñó, sino los colombianos que viven en los territorios donde el Clan del Golfo tiene su cuartel general.
Hoy entran 400 hombres armados a zonas delimitadas por el Estado. La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es sencilla: ¿y si no salen?