El gobierno de Donald Trump enfrente un nuevo revés judicial, una jueza federal anuló la suspensión de visas impulsada por la administración estadounidense a inmigrantes de 75 países, incluida Colombia, lo anterior al determinar que la decisión era un exceso de la autoridad legal que tiene el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Lo anterior, tras la decisión del Departamento de Estado de suspender las visas de inmigrantes a 75 países que equivalen al 40% del mundo. Entre los países están Brasil, Colombia, Rusia, Egipto, etc. Esta medida, de acuerdo con el Departamento, “recibirían asistencia social y beneficios públicos”.
De acuerdo con el fallo, la legislación exige que la situación de cada solicitante sea evaluada individualmente, teniendo en cuenta factores como sus recursos económicos, edad, salud, capacidades y situación familiar.
La magistrada también cuestionó las instrucciones enviadas por Rubio a los funcionarios consulares. De acuerdo con el expediente judicial, incluso cuando un solicitante aportaba pruebas adicionales para demostrar que podía mantenerse económicamente, los funcionarios debían aplicar la política de suspensión.
Jeanette Vargas concluyó que la medida establecía, en la práctica, una prohibición basada exclusivamente en la nacionalidad y que esto entraba en conflicto con el marco legal migratorio aprobado por el Congreso estadounidense.
Colombia estaba entre los países afectados
La decisión tiene particular relevancia para Colombia, cuyos ciudadanos se encontraban entre los afectados por la suspensión de las visas de inmigrante.
El proceso judicial incluyó como demandantes a cinco colombianos que habían solicitado visas vinculadas a procesos laborales. Uno de ellos recibió una notificación de rechazo que citaba expresamente la política cuestionada ante los tribunales.
La suspensión, cabe aclarar, estaba dirigida a visas de inmigrante, es decir, aquellas relacionadas con procesos de residencia permanente en Estados Unidos. La medida no incluía las visas de no inmigrante, como las de turismo o estudiantes.
La administración Trump puede apelar
Aunque la decisión deja sin efecto la política cuestionada, el litigio todavía no termina. La jueza estableció el 11 de septiembre como fecha límite para que las partes presenten propuestas sobre cómo resolver los asuntos que permanecen abiertos en el caso.
El Gobierno estadounidense había defendido la medida como parte de su estrategia para endurecer los controles migratorios y evitar que personas que pudieran depender de recursos públicos obtuvieran autorización para establecerse en el país.
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