Por: Rafael Nieto Loaiza
La Corte Constitucional asumió, por vía de su doctrina de los “pilares de la Constitución”, funciones de poder constituyente y reemplazó hace rato al Congreso. Por esa vía se politizó. Como resultado, es hoy perfectamente capaz de desdecirse, en apenas semanas, de su propia jurisprudencia, y de subordinar la defensa de la Constitución a los intereses del Gobierno, como hizo con ocasión del plebiscito y como sigue haciendo cuando examina asuntos relacionados con el pacto con las Farc. Por su lado, en lo contencioso administrativo hay jueces que, por simpatizar con la izquierda, son capaces de hacer responsable al Estado de actos violentos cometidos por la guerrilla, como en el caso del Club el Nogal, o de pretender que Colombia renunciará a su derecho y su deber de defenderse en la Corte IDH, como ocurriera con el Palacio de Justicia. La Corte Suprema es la tapa de la olla. Si bien hay magistrados honorables, algunos son simplemente pillos redomados. Tres expresidentes están siendo investigados por vender sus sentencias y hay otros más vinculados al Cartel de la Toga. Y desde la Sala Penal algunos magistrados toman decisiones solo por razones políticas, como en el caso de Luis Alfredo Ramos, a quien se privó de la libertad por años y aún hoy no tienen sentencia. O usan, sin pudor, un doble estándar para beneficiar a la guerrilla, a Santos y a sus amigos, y para perjudicar a sus contradictores. No tienen problema en desechar los computadores de Raúl Reyes, dizque porque se habían recogido ilegalmente, pero ahora intervienen por ”error” y por al menos cuatro semanas el teléfono de Álvaro Uribe y trasladan la información recogida ilegalmente a un proceso cuya existencia negaron por varios meses. ¿Quienes hicieron la intervención no reconocieron la voz de Uribe, bien conocida por todos los colombianos? ¿Por qué siguieron interceptando después de que los interlocutores llamaban “Presidente” a Uribe o Uribe mismo se identificaba? En este caso lo novedoso es la bendición del magistrado Barceló a semejante práctica que, por cierto, es un delito. ¿O acaso fue Barceló mismo quien dio la orden?
La politización de la justicia es uno de los principales males de la administración de justicia.
