En un país donde el 86.6% de las mujeres entre los 15 y los 49 años han sido sometidas a la ablación, se penalizará con tres años de cárcel a quienes lo llevan a cabo. Sudán comienza una nueva era de protección de los derechos de la mujer.
Sudán es uno de los países donde más se practica la ablación, con un 86.6% de las mujeres entre los 15 y los 49 años sometidas a este ritual ancestral, considerado por la Organización Mundial de la Salud, como una violación a los derechos de las mujeres y niñas. El Gobierno de Sudán avanza en su reconocimiento a los derechos de la mujer y aprueba el borrador de una ley que penaliza la mutilación femenina, que si bien es una práctica muy común en el país, es una violación a los derechos de esta población.
Hace un año se derrocó en el país al dictador Omar al Bashir y esta nueva ley aprobada por el Gobierno el 22 de abril, es muestra de una importante transición. La ley estudia la penalización de hasta tres años de cárcel para todos los que practiquen la ablación y adicionalmente, cancelar la licencia del hospital, centro de salud o clínica privada que realice este acto. Esta ley pone en evidencia la nueva era de Sudán y el compromiso del nuevo Gobierno con la democracia y la igualdad.
Este procedimiento no presenta ningún beneficio para las mujeres, por lo contrario, puede generar hemorragias graves y problemas urinarios que con el paso del tiempo pueden volverse en infecciones, representando un mayor riesgo para aquellas mujeres que quedan embarazadas, donde posiblemente se ocasione la muerte del recién nacido. Esta práctica es tan peligrosa, porque consiste en realizar una escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos sin razones médicas.
La mutilación femenina la practican en al menos 30 países, en base a la información conocida por Naciones Unidas, y al menos 200 millones de mujeres y niñas alrededor del mundo han sufrido esta práctica, que es considerada una violación a los derechos fundamentales de estas. La mayor cantidad de víctimas se encuentran en Egipto, Etiopía e Indonesia, países donde no es permitido, pero se realiza de forma ilegal.
El nuevo régimen también ha anulado la ley que restringía estrictamente la libertad en las mujeres, en su forma de vestirse, moverse, asociarse, trabajar y estudiar. En estas restricciones las mujeres no podían usar pantalones, mostrar su cuello en público o simplemente el relacionarse con hombres externos a su familia. No obstante, el Gobierno actual se ha comprometido a defender los derechos de las mujeres y brindarle nuevamente libertad, tanto así, que el primer ministro ha ubicado en cargos de gabinete de asuntos exteriores, juventud y deportes, educación superior y desarrollo laboral y social a mujeres.
Las mujeres del país durante las últimas tres décadas se han enfrentado a amenazas, al matrimonio infantil, violencia doméstica y violación. En el país la violación conyugal y las relaciones con menores de edad, no son considerados delitos.
Actualmente las instituciones musulmanas y cristianas también han manifestado su inconformidad con esta práctica. Como estos, numerosas organizaciones que se encuentran a favor de los derechos de la mujer, muestran su satisfacción con esta medida que cree que ayudará a terminar con el castigo. «La prevalencia de la mutilación genital femenina en Sudán es una de las más altas a nivel mundial. Ahora es el momento de usar medidas punitivas para garantizar que las niñas estén protegidas de esta práctica tortuosa», ha asegurado a Reuters Faiza Mohamed, directora regional de África para la organización Equality Now.
Algunas ONG sudanesas se encuentran a favor de esta nueva ley, pero presentan algunas diferencias. Por un lado la jefa de la ONG Centro de Protección de los Derechos de la Mujer y el Niño en Sudán, Nahed Gabrlá, lo siente como una ganancia para las mujeres sudanesas y un importante paso que acaba con la MFG. No obstante, Siham Omar, secretaria general de la ONG Silmyia, manifiesta que la ley no está completa, porque no incluye castigo para los padres que permitan que sus hijas sean sometidas a esta práctica que va en contra a sus derechos.