El movimiento Colombia Humana, liderada por el senador Gustavo Petro, radicó una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde pidió que se le reconozca la personería jurídica.
El recurso se encuentra en estudio por parte del despacho del magistrado Alejandro Linares de la Corte Constitucional, y piden que el CNE deje sin efectos la resolución 3231 del 2020 de diciembre del 2018 que negó el reconocimiento de la personería jurídica.
Con la tutela argumentan que la resolución se expidió sin que se hubiera presentado una solicitud formal y además se trató de “un acto administrativo que no fue notificado a los interesados”.
“Como se puede apreciar, el Consejo Nacional Electoral, inicialmente sin que se hubiera elevado la solicitud del reconocimiento de la Personería Jurídica, de manera arbitraria un día antes de vencer su periodo, se adelantó a proferir su pre-concepto señalando que el Grupo Significativo de Ciudadanos no tenía derecho a la Personería Jurídica”, dice la tutela.
LEER TAMBIÉN: ¿Se parecen? Petro compara el plan económico de Biden con el de Colombia Humana
Además, afirman que la Procuraduría se opuso a esa resolución y “solicitó el otorgamiento de la Personería Jurídica al Grupo Significativo Colombia Humana”. De acuerdo con la tutela, el argumento del CNE para negar la personería fue que el movimiento “no participó en las elecciones al Congreso de la República el 11 de marzo del 2018. Su participación se limitó a la aparición de su logo en el registrado por las candidaturas inscritas de la llamada Lista de la Decencia”.
Colombia Humana sostuvo que para las elecciones presidenciales de 2018 se constituyeron como el movimiento político que más obtuvo votos de la ciudadanía, “en esta primera vuelta el candidato Gustavo Petro obtuvo 4.855.069 votos. En segunda vuelta 8.040.449 votos”.
También señalaron que la negativa de la personería jurídica “reduce las posibilidades de ejercer plenamente los derechos políticos en el proceso electoral que se efectuará en el presente año. Perjuicio irremediable que pone en riesgo los derechos fundamentales”.