La Fiscalía General citó a una declaración jurada a Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para que entregue información sobre su relación con ‘Memo Fantasma’.
Por: Redacción 360 Radio
Además, hallaron que Hitos urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más ambicioso en San Andrés. En el proyecto participan Rincón, la Alianza Fiduciaria y el ‘Clan Gallardo’, la familia más poderosa de San Andrés y miembro del Partido Liberal.
De acuerdo con la investigación de Caracol Radio, uno de los primeros cuestionamientos es que los edificios tendrían once pisos, cinco por encima de la norma del POT que rige esa parte de la isla, además, el exsecretario de Planeación, Roberto Bush, expidió la licencia apelando al principio de neutralidad.
Adicionalmente, afirman que la licencia se concedió sin los pagos acordados al departamento y, buscan reclamar como playa privada un lugar que es espacio público.
El proyecto Grand Sirenis San Andrés ofrece una playa privada en su publicidad, sin embargo, no existe una concesión que les permita hacer eso. El veedor Álvaro Archbold, sostuvo que, pasando la calle, donde se construye el proyecto, hay una propiedad que es del departamento y la Dirección Marítima Colombiana “DIMAR”, no ha hecho el respectivo desalojo.
La Gobernación de San Andrés le ordenó a la familia Gallardo restituir en 30 días la playa que hoy en día Hitos Urbanos les vendió a los inversionistas del Grand Sirenis, pese a la advertencia, no ha pasado nada, ya que no fue devuelta.
Hitos Urbanos presentó un comunicado a la opinión pública donde aclaró que el terreno de 540 m² que la Gobernación reclama como bien público no hace parte del proyecto que han estado desarrollando.
De acuerdo con la información, la Capitanía de Puerto, en la Resolución 146 de 1994 (que otorgó una concesión sobre el predio Toninos) y la Resolución 608 de 1995 (que negó el recurso de reposición) dejó claro que el área objeto de concesión solo correspondía a 540 m², que constituyen el bien de uso público objeto de concesión y no se refiere al área de 3.762 m² que son privados.
Según Hitos Urbanos, constan los cobros de impuesto predial facturados por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés y Providencia, que han sido pagados ininterrumpidamente desde 1972 sobre los 3.672 m² que son área privada.