El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, asumió una postura de frontal respaldo a la rama judicial tras encenderse las alarmas por amenazas y riesgos de seguridad contra los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y sus familias. A través de un pronunciamiento oficial en su cuenta de X, el mandatario advirtió que la institucionalidad no cederá ante presiones y ordenó una respuesta inmediata del Estado.
“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República”, sentenció el jefe de Estado, al tiempo que impartió instrucciones precisas a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para blindar la integridad de los togados. La directriz gubernamental se fundamenta en un principio rector: “En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley”.
Gobierno nacional ordena máxima protección a magistrados tras intimidaciones contra la Corte Suprema
Las tensiones institucionales escalaron luego de que la propia corporación judicial activara una alerta preventiva, motivada por advertencias de alto riesgo sobre hechos que rodearon a funcionarios vinculados a procesos de alto impacto. El detonante inmediato se ubica en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, específicamente en el despacho de Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador delegado para Casación Penal.
En dicha oficina, que intervino activamente en el proceso contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko Gómez, las autoridades hallaron un proyectil balístico y constataron daños en los ventanales compatibles con impactos de bala. Si bien los organismos de inteligencia y policía judicial adelantan las pesquisas técnicas para esclarecer si se trató de una intimidación directa o de un evento de distinta naturaleza, el hallazgo bastó para poner en máxima alerta a los esquemas de protección.
Por qué es importante: Este episodio de intimidación ocurre en un momento procesal crítico. Las preocupaciones de seguridad se conectan de manera directa con el fallo emitido el pasado 29 de abril, fecha en la cual la Sala de Casación Penal revocó decisiones previas y profirió una condena de 31 años y ocho meses de prisión en contra de Gómez Cerchar por el delito de homicidio agravado. Pese a la gravedad de los hechos en la Procuraduría y a la evidente coincidencia temporal, las autoridades enfatizan que aún no existe una conclusión probatoria formal que vincule directamente al exmandatario regional con estos actos intimidatorios.
Ante este panorama, el Gobierno central buscó enviar un mensaje de firmeza a cualquier estructura o actor que intente socavar la independencia judicial. El presidente De La Espriella advirtió que las investigaciones avanzarán caiga quien caiga, “sea quien sea que esté detrás de estas amenazas, Kiko Gómez o cualquier otro”, asegurando que los responsables serán identificados y llevados ante la justicia.
El Ejecutivo cerró filas bajo la premisa de que la democracia colombiana descansa sobre la auton omía de sus jueces. “Se respeta a los jueces, se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”, concluyó el mandatario, en un momento donde la seguridad del alto tribunal se ha convertido en una prioridad nacional de primer orden.
He recibido la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de sus magistrados. He dado instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP para reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su… https://t.co/5Z5nxJcqd9
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026
