El Gobierno nacional ha dado un giro histórico en su política de seguridad. A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó a la ciudadanía sobre la firma del decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La medida busca corregir lo que el mandatario calificó como un desequilibrio histórico, donde se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales continuaban armándose al margen de la ley.
Durante el anuncio, el Ejecutivo enfatizó que las cifras oficiales demuestran en dónde radica la verdadera amenaza para la seguridad nacional. De acuerdo con el balance oficial, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública logró la incautación de 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban directamente vinculadas a la comisión de delitos. El desglose de este arsenal evidencia el poder de fuego al que se enfrenta el Estado: 980 armas están asociadas a las disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo dentro de las estructuras de las disidencias se hallaron 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros, un equipamiento de alta peligrosidad que las autoridades se han comprometido a perseguir y destruir.
En desarrollo…
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