A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la firma del decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, cumpliendo con uno de los pilares de su administración y de su campaña.
La medida busca corregir lo que el Gobierno califica como un desequilibrio histórico en materia de seguridad ciudadana, poniendo fin a una restricción generalizada que, según los argumentos expuestos en el anuncio, limitaba exclusivamente al ciudadano cumplidor de la ley mientras las estructuras criminales ampliaban su capacidad de fuego al margen de la institucionalidad.
“Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas”, afirmó De la Espriella al anunciar la firma del decreto.
El presidente sostuvo que la medida no implica un porte indiscriminado de armas y aseguró que quienes quieran acceder a un permiso deberán cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades. El esquema vigente mantendrá los filtros y requisitos institucionales, exigiendo a los solicitantes superar rigurosas evaluaciones físicas, psíquicas y emocionales, además de carecer de antecedentes judiciales o patologías inhabilitantes. La modificación estructural radica en que deja de regir la prohibición automática y general que convertía el veto en la regla general.
“Los requisitos para portar el arma siguen siendo muy estrictos”, afirmó. Según explicó, los solicitantes deberán reunir condiciones físicas, psíquicas y emocionales, además de no registrar antecedentes ni enfermedades que les impidan acceder al permiso.
Seguridad y legalidad: Gobierno de Abelardo de la Espriella reglamenta el nuevo porte de armas
De la Espriella centró su argumento en el volumen de armas ilegales que circulan en el país. En una publicación en su cuenta de X, aseguró que entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos. Además, agregó que 980 armas fueron vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. En el caso de las armas relacionadas con las disidencias, señaló que se encontraron 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros. “Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó.
Desde los canales oficiales donde se dio a conocer el decreto se insistió en que el margen de uso de armas ilegales en la criminalidad es prácticamente absoluto. Según las estimaciones expuestas, el 99,9 % de los delitos perpetrados con armas de fuego se ejecutan utilizando material al margen de la ley, un indicador calificado como una verdad matemática incontestable frente a las discusiones en torno al tema.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, manifestó.
Por qué es importante: Con este paso normativo anunciado en redes sociales, la política de seguridad redefine su enfoque bajo la premisa de otorgar plenas garantías institucionales a la ciudadanía sujeta a la legalidad, al tiempo que promete aplicar todo el peso de la ley y la fuerza legítima del Estado contra las organizaciones delictivas armadas.
De la Espriella cerró su mensaje asegurando que la política de seguridad de su Gobierno buscará diferenciar entre quienes acceden legalmente a un arma y quienes las utilizan para cometer delitos. “Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, concluyó.
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