La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para abordar de manera estructural el problema de la informalidad en el mercado laboral y empresarial, señalando que la constante improvisación en materia tributaria ha debilitado la confianza y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Frank Pearl, presidente del gremio, afirmó que la raíz de la dificultad fiscal no está en la falta de reformas, sino en la ausencia de una visión clara y estable: “En los últimos 30 años Colombia ha tenido más de 18 reformas tributarias, pero ninguna ha resuelto el problema de fondo: la informalidad y la falta de estrategia en el gasto”.
Panorama general: Según cifras expuestas por Pearl, el 57% de los trabajadores colombianos se encuentra en la informalidad, al igual que el 60% de las empresas. Además, entre el 25% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de actividades informales o ilegales.
Este panorama, advirtió, implica que solo una fracción reducida de empresas y personas soporta la carga tributaria. “Siempre se grava a las mismas compañías y a los mismos ciudadanos. Esto desincentiva la inversión y limita la competitividad”, recalcó.
El dirigente gremial también cuestionó la estructura del gasto público. Señaló que, aunque el Presupuesto General de la Nación presenta un déficit, no se han reducido los gastos de funcionamiento del Estado, mientras que los recortes se han concentrado en la inversión.
La ACP urge una reforma fiscal estructural para reducir la informalidad y fortalecer la inversión
Por qué es importante: El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) recomendó un recorte de $40 billones en los gastos, pero en la práctica, según Pearl, lo que se ha visto es una disminución de la inversión en $17 billones.
“Se están afectando los recursos destinados a proyectos estratégicos, mientras que los gastos operativos siguen intactos. Esto compromete el futuro del país”, enfatizó.
Otro de los puntos de preocupación expuestos por la ACP es la tributación plena sobre los combustibles. La reforma aprobada establece un IVA del 19% para la gasolina a partir de 2027 y para el diésel desde 2028.
Para Pearl, esta decisión tendrá consecuencias sociales adversas: “Los combustibles son una porción más importante de la canasta final para las personas de bajos ingresos que para las de altos ingresos, independientemente del vehículo que utilicen”.
En otras palabras, el encarecimiento de la canasta energética no solo golpeará a las empresas, sino también a los hogares más vulnerables.
Detalles: El presidente de la ACP insistió en que los cambios tributarios deben dejar de ser coyunturales y convertirse en una política de Estado que promueva la formalización, amplíe la base tributaria y garantice estabilidad.
“El problema no es la falta de reformas, sino la falta de visión. Colombia necesita reglas claras, gasto eficiente y un marco fiscal que priorice la inversión estratégica sobre el gasto corriente”, concluyó.
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