La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) ha encendido una alerta roja para el país: el sector de hidrocarburos, pilar económico y energético de Colombia, se encuentra en estado crítico y en cuenta regresiva.
Así lo refleja el informe “Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas 2024 y Perspectivas 2025”, que no solo expone la caída sostenida en la inversión y actividad exploratoria, sino que también advierte sobre el inminente riesgo de perder la autosuficiencia energética y fiscal.
ACP advierte sobre el deterioro del sector de hidrocarburos en Colombia y propone medidas para evitar una crisis
El documento, elaborado con información de empresas que representan el 95% de la producción de petróleo y el 96% de la de gas natural en Colombia, ofrece una radiografía exhaustiva de un sector estratégico que, en palabras del gremio, necesita un cambio de rumbo urgente.
Basado en encuestas, reportes oficiales, datos de Ecopetrol y análisis internos, el estudio presenta cifras preocupantes, escenarios internacionales de alta volatilidad y propuestas concretas para revertir la crisis.
Un sector fundamental, pero en declive: La industria de hidrocarburos es uno de los motores principales de la economía nacional. En 2024, esta actividad aportó aproximadamente el 4% del PIB, generó el 16% de la inversión extranjera directa, representó el 30% de las exportaciones y generó más de 360.000 empleos directos e indirectos.
Además, transfirió 50 billones de pesos en ingresos fiscales y 17,2 billones en regalías bienales, que financian obras sociales, infraestructura y proyectos estratégicos en las regiones productoras.
Sin embargo, las cifras del informe revelan una tendencia decreciente en la inversión exploratoria y de producción. La inversión total en exploración y producción (E&P) de 2024 fue de USD 4.330 millones, 10% inferior a la del año anterior. Para 2025 se espera un leve repunte a USD 4.680 millones, pero la mayor parte se concentrará en mantener la producción actual, no en expandirla ni en explorar nuevas reservas.
Exploración en caída libre: El mayor foco de preocupación del informe es la exploración. En 2025, se prevé que la inversión en esta área caerá un 18%, llegando a USD 740 millones, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.
Aun más grave: el 80% de este presupuesto corresponde a compromisos contractuales obligatorios, es decir, que las inversiones voluntarias están desapareciendo.
Esto es alarmante porque la exploración es el punto de partida para incorporar nuevas reservas, sin las cuales no puede sostenerse la producción futura.
De hecho, el país solo tiene asegurados 70 pozos exploratorios entre 2026 y 2030. Si no se toman medidas inmediatas, Colombia se quedará sin nueva exploración al final de la década.
La caída de la actividad sísmica, que permite identificar posibles yacimientos, también es motivo de alerta. En 2024 se realizaron 2.811 kilómetros equivalentes de sísmica 2D, pero para 2025 se prevé apenas el 39% de esa cifra.
Producción: Aunque se espera que la inversión en producción aumente en un 15% en 2025, hasta los USD 3.940 millones, ese impulso servirá apenas para mitigar la declinación natural de los campos maduros, que ronda el 22% anual. Sin inversión, la caída sería de unos 170.000 barriles por día (bpd).
Las proyecciones indican que en 2025 se producirá entre 760.000 y 770.000 bpd de petróleo, cifra similar a los 772.000 bpd de 2024. Es decir, Colombia completará seis años sin alcanzar la marca de 800.000 bpd.
En cuanto al gas, el panorama es aún más sombrío: se estima una producción de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a los 958 MPCD del año anterior. A este ritmo, el país se aleja de su meta de 1.000 MPCD y compromete su autosuficiencia gasífera.
Un entorno hostil: El informe también advierte sobre el deterioro del entorno operativo. En 2024, la conflictividad social aumentó un 151%, con bloqueos y hechos que afectaron la operación normal de las empresas. Casanare, Meta, Arauca, Córdoba y Cesar fueron los departamentos más impactados.
Las consecuencias: más de 4 millones de barriles de petróleo diferidos, USD 28,5 millones menos en regalías, pérdida de 3.000 empleos y cancelación de más de $2 billones en compras a proveedores regionales.
A esto se suma la presión fiscal. La reforma tributaria de 2022, la incertidumbre regulatoria y los altos costos han disuadido nuevas inversiones. Para las empresas del sector, hoy se requiere más dinero para producir la misma cantidad de petróleo y gas, en un contexto cada vez más complejo.
Un futuro incierto: El déficit de reservas es otra señal de alerta. En el caso del gas, las reservas probadas han caído 57% en los últimos 10 años. En 2024, por cada 10 pies cúbicos producidos, solo se incorporaron 1,2 nuevos.
Esto implica que, de no descubrir nuevos yacimientos, Colombia dependerá de las importaciones para abastecer su demanda interna.
De hecho, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) estima que para 2030 el país deberá importar el 50% del gas que consume, lo cual tendría efectos inflacionarios importantes: el costo de las facturas en las principales ciudades podría aumentar entre un 12% y un 46%.
Y no es solo el gas. Las refinerías colombianas, que consumen alrededor de 420.000 bpd, enfrentarán un déficit de crudo local que podría obligarlas a importar hasta 360.000 bpd, con los consecuentes sobrecostos logísticos y económicos.
Colombia frente a la oportunidad regional: Mientras Colombia reduce su actividad exploratoria y suspende la firma de nuevos contratos desde 2022, países como Brasil, Guyana y Argentina se consolidan como polos de crecimiento energético en América Latina. La región vive una ola de inversión con nuevos contratos adjudicados entre 2023 y 2025, y un crecimiento de producción estimado en un 3% anual hasta 2030.
En el escenario global, la demanda energética sigue creciendo. La Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2050, cerca del 50% de la demanda mundial seguirá siendo cubierta por petróleo y gas.
El gas natural, en particular, se perfila como el combustible fósil de mayor crecimiento en el mundo. En ese contexto, Colombia podría aumentar su cuota exportadora si logra reactivar su sector E&P.
Propuestas de la ACP: Frente a esta realidad, la ACP ocho líneas de acción para cambiar el rumbo, salvar al sector y recuperar la autosuficiencia energética:
- Viabilidad operacional: Optimización de consultas previas, estabilidad en requisitos ambientales y coordinación estatal para garantizar orden público.
- Seguridad jurídica y fiscal: No aumentar la carga tributaria, reducir autorretención en gas y establecer mesas técnicas para la nueva regulación de telemetría.
- Impulso al gas y proyectos costa afuera: Licenciamiento ambiental y social para nuevos gasoductos e infraestructura submarina.
- Eficiencia operativa: Nueva metodología tarifaria para transporte de hidrocarburos y ajustes en normativa logística.
- Incentivos a producción incremental: Estímulos a recobro mejorado y extensión de contratos vigentes.
- Complementariedad energética: Asegurar coexistencia entre energías renovables y convencionales en la transición energética.
- Reactivación de la exploración: Retomar la ronda permanente de asignación de áreas por iniciativa privada.
- Yacimientos no convencionales: Reactivar su desarrollo bajo el marco regulatorio vigente, con control de riesgos ambientales.
Una advertencia con urgencia: “Hoy se requiere más inversión para producir lo mismo. En gas no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas. Esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, declaró Frank Pearl, presidente de la ACP, durante la presentación del informe.
La advertencia es clara: si no se toman decisiones técnicas, rápidas y coordinadas, el país entrará en una etapa de declive energético y fiscal que podría impactar la economía, el bienestar social y la competitividad nacional.
La ACP cierra su informe con un llamado: “Cambiemos el rumbo”. Y la pregunta que queda en el aire es si el Gobierno responderá a tiempo para evitar que el país pierda uno de sus principales activos estratégicos.