Acuerdo Final fortalece lucha contra corrupción

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Acuerdos de la Habana consagran y fortalecen las veedurías ciudadanas.


 

Por: Pablo Bustos Sánchez

Los  Acuerdos de la Habana consagran y fortalecen  las  veedurías ciudadanas como instrumento  ciudadano de lucha contra la corrupción como parte de los mecanismos de participación política y de apertura democrática para construir la paz,  y constituye el más importante aporte en esa dirección desde  el 2003 con la expedición de la ley 850 estatutaria de veedurías ciudadanas, de la cual fuimos coautores.  Tal Acuerdo, en este sentido, aporta una caja de herramientas necesaria y pendiente en  la diferida lucha contra  el  principal flagelo que azota al país: la colosal corrupción.

En efecto, el Acuerdo Final en el numeral 2.2.5, páginas 41 y 42 se presenta el ¨control y veedurías ciudadanas¨ como componente de la participación política y de  los ¨mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos  los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas¨. Las veedurías se inscriben en el marco de   los derechos y garantías a la oposición política, que incluye derechos, garantías de seguridad para el ejercicio de la política.  Dicho Acuerdo incluye de igual forma garantías  para  los movimientos y organizaciones sociales, garantías para la movilización y protesta, la participación ciudadana a través de medios comunicación comunitarios, institucionales y regionales, garantías para la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización  por la acción política y social.

Expresa el Acuerdo la necesidad de crear un plan de apoyo a la creación y promoción de las veedurías ciudadanas, un plan nacional de formación, fortalecer los mecanismos de información, mecanismos  especiales  de seguimiento a las denuncias, campañas masivas de divulgación y promoción, fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, vinculación de universidades públicas en el apoyo técnico, y la participación de género entre nueve puntos allí  desarrollados.

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Hace rato no se oía públicamente una aproximación pública  y consistente desde ningún sector ni estamento  respecto de las veedurías ciudadanas y su importancia democrática en la lucha participativa contra la corrupción y la promoción del control social, que además son un reconocimiento y a la vez un anhelo, bien presentado en el Acuerdo Final, aunque  aun corto en términos de garantías e instrumentos más concretos para la confrontación de tal flagelo.

El apoyo a las veedurías y la lucha contra la corrupción por esta vía será un punto importante a la hora de veedores y veedoras decidir la suerte del Acuerdo Final y del plebiscito por la paz, así como del movimiento ciudadano anticorrupción  que ávidamente desea encarar de manera inaplazable el voraz saqueo de lo público que amenaza desde ya los recursos del propio proceso de paz.

Otras lupas

Andrés Felipe Arias: un prófugo que merece su vestido de rayas

Por fortuna la justicia de los Estados Unidos no le ¨comió cuento¨ al archicorrupto exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, quien abusando de la figura del asilo o refugio intenta evadir la justicia colombiana. Esperaba le fijaran una fianza, que ya sabemos de qué bolsillo saldría, pues su Agroingreso era seguro, lo mismo que sus acomodados beneficiarios. Esperamos que no lo suelten, y que la cooperación de la justicia americana con la lucha anticorrupción en las Américas se deje notar en este caso ejemplarizante.

Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción: elección  

Hasta el próximo lunes  5 de septiembre las veedurías podrán inscribirse para elegir los integrantes de la terna de la cual el presidente de la República designará el representante de las veedurías ciudadanas en la Comisión Ciudadana  para la Lucha contra la Corrupción, de crucial importancia ahora  que soplan vientos de paz, donde se aplicaran billonarios recursos que demandara el mayor control ciudadano posible.  Dicha comisión, sea dicho de paso, hasta ahora  ha cumplido un papel francamente marginal, quizás en parte porque el entonces propio delegado de las veedurías seleccionado –q.e.p.d.- por el Gobierno Nacional carecía de la legitimidad, experiencia, capacidad propositiva  e incluso el conocimiento básico de la problema para representar el  sector. La elección se realizará entre los días  9 al 11 de septiembre, esperamos que supere los vicios de la politiquería y refleje el real y mayoritario querer de veedores y veedurías, y no se convierta en otra operación avispa, donde una minoría cuestionada paradójicamente  usurpe de nuevo esta posición anticorrupción.

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