Por: Cecilia López Montaño
Por fin habló el fiscal Néstor Humberto Martínez sobre la corrupción política, especialmente en la Región Caribe, en Barranquilla y en el Atlántico. Puede que en el resto del país estas declaraciones sorprendieran a muchos, pero la verdad es que en nuestra tierra estos nombres se han escuchado permanentemente en voz baja desde hace mucho tiempo. No necesariamente por complicidad no salieron antes a la luz pública, sino que han sido tan generalizadas estas prácticas corruptas que algunos las aceptaron como normales y se beneficiaron de ellas, y otros, frente al poder de varios de los cuestionados, tuvieron temor a represalias. Finalmente, a muchos de los políticos y empresarios costeños hoy en la picota pública, los favoreció la impotencia que muchos ciudadanos de bien sienten frente a esas, hasta hace poco, poderosas maquinarias electorales.
Ahora que se ha vuelto a plantear el tema del centralismo y ante este escenario nauseabundo de nuestra política, es bueno recordar una anécdota para que quede claro hasta dónde llega la culpa del deterioro del liderazgo regional. Cuando le preguntaban a un ciudadano del común por qué determinado senador era importante si no había hecho nada por su tierra, su respuesta fue elocuente: “este señor es importante solamente porque lo oyen en Bogotá”. Es decir, el Gobierno central tiene también mucha culpa, porque se ha apoyado sin beneficio de inventario en muchos personajes de dudosa ortografía para no tener que hacer trabajo local.
Obviamente es a la justicia y a las autoridades electorales a quienes corresponde decir la última palabra y declarar culpables o inocentes a los involucrados, pero mientras tanto la sociedad civil tiene una inmensa tarea. La compra de votos, ese clientelismo tan arraigado en muchas regiones del país, pero especialmente en el Caribe colombiano, tiene que estar en el centro del debate para que se entienda realmente en qué consiste la democracia, qué valor tiene el voto y, en otras palabras, cuál es ese verdadero poder que tiene todo ciudadano al tomar decisiones sobre aquellos que pueden manejar lo público con responsabilidad.
No hacerles seguimiento a estas denuncias de política nauseabunda, como calificó el Fiscal los hechos denunciados por él sobre la existencia de empresas delictivas en las cuales la política y los negocios se unen, es contribuir a incrementar esta corrupción que tanto daño le hace al país y particularmente a la región. Debates sobre esta crisis de la política colombiana, sobre la pérdida de norte de figuras importantes de la sociedad, sobre la imperiosa necesidad de replantear el ejercicio de la política y las obligaciones del empresariado deben copar las agendas en las universidades, colegios y distintos sectores sociales. No hacerlo es perder una oportunidad de salir de estas denuncias permanentes que tanto daño le hacen a la credibilidad y reputación de la dirigencia costeña, mucha de ella inocente que no puede seguir callando.