Al mal tiempo…

Es el momento de replantear el tema del tamaño del sector público. Si no queremos pagar por un Estado que cuesta mucho y poco aporta al bienestar.


Por: Miguel Gómez Martínez

La decisión del Gobierno de abandonar el proyecto de incluir el conjunto de los bienes de la canasta familiar en el impuesto al valor agregado, tiene serias implicaciones. La más importante es el impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la regla fiscal. Los inversionistas internacionales, las calificadoras de riesgo y los analistas están a la espera de la salida que se le piensa dar al faltante de la ley de presupuesto.

Como dicen las abuelas, ‘al mal tiempo, buena cara’. El Gobierno debe aprovechar esta difícil coyuntura política para enviar un mensaje claro y firme: si los políticos no quieren asumir el costo de mayores impuestos porque es impopular, van a tener que asumir las consecuencias políticas de la austeridad. Esta circunstancia fiscal abre el camino para que se realice un importante ajuste en el nivel de gasto.

El Gobierno puede ahora proceder a realizar una serie de iniciativas que reduzcan, de forma permanente y significativa, una cantidad de gastos de bajo impacto y de elevado costo. Por ejemplo, podríamos fusionar todos los bancos de redescuento en una entidad que tuviera ventanillas sectoriales e incorporamos el Fondo Nacional de Garantías. Las utilidades de ese banco podrían financiar el hueco de ProColombia y darle recursos a la investigación tecnológica en el campo.

¿Por qué el Estado tiene varias fiduciarias? ¿Para qué sirve el Consejo Electoral, la Auditoría General y el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Por qué no acabamos con las CAR? ¿Por qué el Senado y la Cámara, que comparten las mismas instalaciones y tienen funciones similares, no tienen una dirección administrativa común? ¿Por qué no se prohíbe la publicidad oficial en los medios de comunicación? ¿Por qué no se permiten más canales de televisión? ¿Por qué no vendemos 10 por ciento adicional de Ecopetrol Cerremos la Universidad Pedagógica y creemos una buena Facultad de Educación en la Universidad Nacional? ¿Por qué no privatizamos las cárceles? ¿Por qué no creamos las regiones y eliminamos los departamentos con sus burocracias, asambleas, contralorías y demás burocracias inservibles?

El Ministerio de Defensa posee los mejores lotes de tierra del país. Por razones inexplicables, todos los batallones se encuentran en el centro de las ciudades, obstaculizando la movilidad y el desarrollo urbano. Mover esas unidades a las fronteras o a zonas rurales permitiría dotar a las Fuerzas de instalaciones modernas, funcionales y permitiría al Estado obtener recursos monumentales. De paso, le daría un inmenso oxígeno a los municipios donde la tierra es escasa y el elevado valor impide el desarrollo de vivienda popular. ¿Cuánto vale el lote de la Tercera División, en Cali, o el de la Base Naval del Caribe, en Cartagena? ¿Cuánto vale la Escuela de Caballería, en Bogotá, o las unidades que están en Puente Aranda? ¿Cuánto vale el Batallón Tenerife, en Neiva, o el San Mateo, en Pereira? Son verdaderas minas de oro para un Estado que necesita recursos y para unas ciudades que están atoradas en su desarrollo urbano.

Es el momento de replantear el tema del tamaño del sector público. Si no queremos pagar por un Estado que cuesta mucho y poco aporta al bienestar, pues aligeremos su peso con medidas creativas que generen ingresos y reduzcan, de forma permanente sus gastos.