La presión judicial sobre el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aumenta: habitantes del barrio El Danubio presentaron un incidente de desacato porque el mandatario no ejecutó un fallo del Consejo de Estado que lo obligaba a garantizar acueducto, alcantarillado y vías transitables.
De prosperar, la sanción puede ir desde una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales hasta el arresto por seis meses, una medida que ya ha alcanzado a otros alcaldes del país.
¿El alcalde de Soacha podría ir a prisión? Detalles del caso
En 2015, los vecinos de El Danubio acudieron a una acción popular para exigir la pavimentación de sus calles y la construcción de redes básicas de saneamiento. Nueve años después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón y, en 2023, ordenó al municipio de Soacha ejecutar obras urgentes.
El Consejo de Estado confirmó la sentencia en 2024, subrayando la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, la intervención sigue sin arrancar y las calles continúan anegadas de barro y aguas residuales.
Ante la inacción oficial, los residentes —respaldados por la representante a la Cámara Alexandra Vásquez— radicaron un incidente de desacato. Buscan que el tribunal imponga sanciones personales al alcalde para forzarlo a cumplir la sentencia, tal como lo prevé la Ley 472 de 1998.
Qué ordena la sentencia y por qué la alcaldía está en deuda
El fallo exige:
Construir redes de acueducto y alcantarillado aptas para la población.
Pavimentar y drenar las vías principales para eliminar el riesgo sanitario.
Presentar un cronograma con fuentes de financiación y un plan de seguimiento.
La administración sostiene que los recursos —cerca de 17.000 millones de pesos— se encuentran en poder de la Empresa Pública de Servicios de Soacha (Epuxua) y que el Consorcio Acueducto IAC ejecutará la obra.
Sin embargo, la comunidad denuncia retrasos y recuerda que el contratista arrastra sanciones en Bogotá por abandonar trabajos en el humedal Jaboque. Al no existir avances tangibles ni cronograma público, el tribunal deberá evaluar si hay desobediencia grave y voluntaria.
🤯 Alcalde de Soacha podría terminar preso!!!
😡 Por incumplir un fallo del Consejo de Estado (@consejodeestado), que ordena resolver problemáticas de acueducto y alcantarillado del sector El Danubio, el alcalde Julián Sánchez Perico (@JulianPericoJr), está en riesgo de ser… pic.twitter.com/SxuZ6VKFlH
— Alexandra Vásquez (@alexandravasoch) May 25, 2025
Según la Ley 472, el juez puede imponer la sanción incluso si los fondos están comprometidos pero las obras no se han iniciado, pues el cumplimiento debe ser oportuno y eficiente.
Marco legal del desacato en acciones populares
El incidente de desacato está previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. La norma establece que la autoridad o particular que incumpla una orden proferida dentro de una acción popular: “incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales… conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.
La Corte Constitucional ha reiterado que estas sanciones son personales, no institucionales, y buscan garantizar la efectividad de los derechos colectivos. El juez también puede compulsar copias a la Procuraduría o la Fiscalía si detecta posibles delitos, como el prevaricato por omisión.
Precedentes: cuando otros alcaldes terminaron tras las rejas
El riesgo de detención para un mandatario local no es teórico. En mayo de 2025, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, empezó a cumplir 10 días de arresto por desobedecer un fallo de tutela que protegía a 450 familias vulnerables.
Y en julio de 2024, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, fue enviado a la cárcel tras negarse a desalojar a 30.000 ocupantes ilegales, pese a la orden judicial.
Estos casos muestran que las sanciones por desacato son ejecutables y que la investidura no exime de la responsabilidad personal.
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Cronograma: lo que podría pasar con Julián Sánchez Perico
Admisión del incidente
El Tribunal de Cundinamarca admite a trámite la solicitud de la comunidad y notifica al alcalde.Periodo probatorio
Las partes presentan pruebas del avance (o la ausencia) en las obras de El Danubio. El municipio puede demostrar cronogramas, contratos y giros.Audiencia de verificación
El magistrado verifica, in situ si es necesario, el estado de las vías y las redes de saneamiento. Si el avance es insuficiente o inexistente, concluye la renuencia.Decisión
El tribunal fija la sanción: arresto de hasta seis meses, multa de hasta 50 SMMLV (aprox. $65 millones) o ambas. El alcalde puede evitarla si cumple la orden antes de que la medida se haga efectiva.Recursos
La defensa puede apelar ante el Consejo de Estado, pero ello no suspende automáticamente la medida correctiva.
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