Por: Redacción 360 Radio
Desde el Concejo de Medellín se realizó una denuncia por parte del edil Daniel Duque, quien manifiesta que se podrían perder $33.000 millones de pesos por la forma en que se iba a contratar la chatarrización de vehículos en la ciudad, por parte de la Administración Municipal.
Se trataría de la desintegración de 46.000 motos y 6.000 carros que deben pasar por un proceso de desintegración luego del abandono de sus dueños en los patios de la Secretaria de Movilidad, según la Ley 1730 de 2014.
Para llevar a buen término la chatarrización de los automotores, la Alcaldía de Medellín inició una subasta para vender los carros y motos como chatarra, una vez desintegrados. En dicha subasta varios interesados presentan su oferta y quien ofrezca más dinero, se queda con el contrato.
En ese sentido, la Administración Municipal realizó estudios de mercadeo para arrojar el precio inicial con el que iniciaría la subasta, quedando así en $98 pesos por kilogramo de chatarra, siendo este un valor muy bajo, según el concejal Duque del Partido Verde.
La Alcaldía de Medellín argumenta que, para fijar ese precio, se basó en contratos realizados en otros municipios como Neiva, Bello, Cali, Popayán, Tuluá y Pereira. Estas ciudades, para el concejal que realiza la denuncia, no eran el referente adecuado para las condiciones que se presentan en Medellín.
En la plenaria, realizada en la mañana del martes 4 de septiembre, el Concejal Duque expuso que la empresa ganadora del contrato, llamada Recuperaciones Naranjo, quien para esta ocasión formó una unión temporal con HAQ Steels, denominada UT RYM, ofreció un monto muy inferior al mostrado en contratos similares con otros municipios y con el Ministerio de Transporte. Con este último ofreció hasta $1.600 pesos por kilo, en comparación con los $98 que le ofreció al Municipio de Medellín.
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Entre otras irregularidades expuestas por el Concejal, se encuentra que la empresa Recuperaciones Naranjo tendría líos judiciales en el pasado, dejando en duda la idoneidad de esta compañía para llevar a cabo el contrato de chatarrizar más de 50 mil vehículos abandonados en Medellín.
Vea la plenaria completa aquí:
Una de las irreguralidades más importantes que presenta esta compañía es que no cumpliría con la certificación ambiental para desintegrar vehículos.
Ante las denuncias, la Personería de Medellín inició una indagación previa contra la Secretaria de Movilidad, mientras que la Secretaría de Suministros solicitó a la Unión Temporal RYM que revoque el acto de adjudicación, pues este «no está conforme con el interés público o social, o atentan contra él».
En el desarrollo de la plenaria, la Alcaldia de Medellín argumentó que actualmente el contrato de chatarrización no existe, pues no se procedió con la firma, según Karen Bibiana Delgado, secretaria de suministros. Además, la funcionaria aseguró que no se ha hecho caso omiso a las denuncias y agradeció el control para actuar de manera adecuada.
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