La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) encendió nuevamente las alarmas sobre la situación financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según un análisis efectuado por el gremio, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) el valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado debe incrementarse como mínimo un 15,6% en 2026 para que la operación del sistema pueda estabilizarse y evitar un deterioro aún mayor.
El diagnóstico de la ANDI señala que la estructura actual de la financiación no es suficiente para cubrir los costos reales de la atención en salud. Desde 2021, la siniestralidad de la UPC, es decir, la relación entre los gastos en servicios y los ingresos recibidos supera el 99%, y desde 2022 se ubica por encima del 100%. Esto implica que las EPS gastan más de lo que reciben, incluso antes de contabilizar los costos administrativos.
ANDI alerta por déficit del sistema de salud y pide un aumento mínimo del 15,6% en la UPC para 2026
Para el cierre de 2025, la siniestralidad proyectada llegaría a 105,9%, lo que significa que por cada $100 destinados a la atención, se requieren casi $106 para cubrir los servicios prestados. Con esta tendencia, el déficit operativo acumulado del sistema para esta vigencia alcanza los $10,2 billones, una cifra que sigue creciendo y que, según el gremio, evidencia la urgencia de un ajuste técnico a la UPC.
En su comunicado, la ANDI recordó que desde 2024 había advertido que la UPC para 2025 debía aumentar 16,9%. Si el ajuste se quedaba únicamente en el incremento equivalente a la inflación causada, el déficit sería cercano a los $9,8 billones. “Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados”, destacó el gremio, señalando además que la Corte Constitucional ya reconoció la insuficiencia de la UPC de 2024 y ordenó al Ministerio de Salud corregir el rezago en su nivelación.
La ANDI también advirtió que un aumento menor al 15,6% para 2026 profundizaría la crisis. Cada punto porcentual por debajo representaría cerca de $890.000 millones menos para la financiación del sistema, afectando directamente la continuidad de servicios, pagos a prestadores y estabilidad de las EPS.
Pese al panorama complejo, el gremio aseguró que el ajuste es financieramente posible. El Presupuesto General de la Nación para 2026 contempla más de $48 billones en transferencias a la ADRES. “Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido”, recalcó la organización.
El debate sobre la UPC será clave en las decisiones de política pública que marcarán el rumbo del sistema de salud en 2026
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