El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en 23%, empieza a evidenciar efectos que trascienden el mercado laboral y se reflejan directamente en las finanzas públicas. Análisis técnicos de ANIF advierten que la medida implicará un costo fiscal elevado, en un escenario marcado por restricciones presupuestales y un cumplimiento exigente de la regla fiscal.
Aumento del salario mínimo en Colombia y la presión sobre las finanzas públicas
La decisión de aumentar el salario mínimo muy por encima del ajuste tradicional por inflación y productividad se sustentó en el concepto de salario vital, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque esta metodología busca mejorar el ingreso real de los trabajadores y reducir la pobreza laboral, expertos señalan que un incremento de esta magnitud puede generar desequilibrios económicos que afecten a los mismos sectores que se pretende proteger.
Uno de los principales efectos del incremento del salario mínimo 2026 se concentra en el sistema pensional. En Colombia, las pensiones equivalentes a un salario mínimo deben ajustarse en la misma proporción que el mínimo legal, lo que implica que más de la mitad de los pensionados del Régimen de Prima Media recibirán un aumento del 23%.
Este ajuste representaría un gasto adicional cercano a $5,8 billones en 2026, convirtiéndose en el mayor impacto fiscal asociado a la medida. A ello se suma el mayor costo del mecanismo que cubre el deslizamiento entre el salario mínimo y la inflación en las rentas vitalicias, que podría añadir $1,5 billones más al presupuesto nacional.
De forma paralela, el Gobierno enfrentará mayores obligaciones por el ajuste salarial de funcionarios públicos cuyos ingresos están directamente ligados al salario mínimo. En este frente, el impacto se estima en cerca de $300.000 millones, principalmente por el aumento de la nómina estatal.
El impacto del aumento del salario mínimo no se limita al gasto público. El mayor costo laboral para las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, podría reducir los márgenes de utilidad y afectar el recaudo del impuesto de renta.
Las proyecciones indican que el recaudo por renta de personas jurídicas podría disminuir en alrededor de $3,5 billones, un efecto que se reflejaría en las cuentas fiscales de 2027. Además, el alza del mínimo incrementa el riesgo de informalidad laboral en sectores como la agricultura, el comercio, el alojamiento y los servicios de comida, donde una alta proporción de trabajadores devenga ingresos cercanos al salario mínimo.
En conjunto, el costo fiscal total del aumento del salario mínimo podría superar los $6,5 billones en 2026, sin incluir otros efectos indirectos difíciles de cuantificar. Este panorama coincide con advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ha señalado riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En un contexto de desaceleración económica, inflación persistente y política monetaria restrictiva, analistas coinciden en que el debate sobre el salario mínimo en Colombia debe equilibrar su impacto social con sus efectos estructurales sobre el empleo, la formalidad y la estabilidad fiscal.
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