La discusión sobre la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha ganado relevancia en el Congreso colombiano, especialmente cuando se acerca el sexto debate de esta crucial iniciativa.
Sin embargo, mientras el Legislativo se prepara para abordar esta reforma, el Centro de Estudios Económicos Anif ha lanzado una alerta clara: se deben realizar ajustes para evitar futuros problemas fiscales. En este contexto, Anif ha llamado al Senado y a los gobernadores a entablar un «diálogo técnico» que permita revisar la fórmula que actualmente guía las transferencias a los entes territoriales.
El presidente de Anif, José Ignacio López, ha expresado su preocupación en relación a la sostenibilidad fiscal de la reforma en curso. Durante su intervención en la Asamblea General por los 50 años de Anif, López destacó la necesidad de revisar la fórmula que rige las transferencias del SGP. «Nos preocupa que estemos usando una fórmula que no esté bien calibrada, y sabemos que hay un clamor legítimo de los entes territoriales», señaló. Según López, este llamado se hace para evitar que las promesas de descentralización terminen «truncadas» debido a un sistema de transferencias que podría volverse fiscalmente insostenible.
Panorama de la Reforma al Sistema General de Participaciones
El Sistema General de Participaciones (SGP) es uno de los mecanismos más importantes para la distribución de recursos entre el gobierno central y las regiones. A través de este sistema, se transfieren fondos para sectores clave como la educación, salud y agua potable. En los últimos años, la proporción de las transferencias del SGP respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ha estado en debate, con diversos sectores pidiendo un aumento significativo para cubrir las crecientes necesidades de los territorios.
Sin embargo, López advirtió que un incremento mal diseñado en las transferencias podría generar presiones fiscales insostenibles para el Estado colombiano en los próximos años. En concreto, alertó que la propuesta actual, que busca llevar las transferencias al 46,5% de los ingresos corrientes de la nación, podría llevar las transferencias a representar hasta nueve puntos del PIB de Colombia, una cifra que nunca se alcanzó ni siquiera en los años posteriores a la Constitución de 1991.
Anif no es el único centro de pensamiento preocupado por el impacto fiscal de esta reforma. Otras instituciones, como Fedesarrollo y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, han coincidido en que el objetivo de descentralización debe acompañarse de una revisión detallada de las competencias de los entes territoriales. «Es clave que los entes territoriales tengan más recursos, pero esos recursos deben venir acompañados de competencias claras para garantizar que haya armonía entre lo que pueden hacer y los fondos que reciben», enfatizó López.
De acuerdo con el experto, la fórmula del 46,5%, que se remonta a la Constitución de 1991, fue planteada en un contexto fiscal muy diferente al actual. En ese entonces, los ingresos corrientes de la nación representaban menos del 10% del PIB, mientras que hoy en día esos ingresos están cerca del 17% y se proyecta que en los próximos años alcancen el 19% del PIB.
Este crecimiento en los ingresos del Estado, junto con el aumento de las obligaciones en temas como el pago de intereses y pensiones, ha generado preocupaciones sobre la viabilidad fiscal de seguir incrementando las transferencias del SGP sin un control adecuado.
Un diálogo necesario
López destacó la necesidad de un diálogo técnico entre el Congreso, los gobernadores y los centros de estudios para asegurar que cualquier aumento en las transferencias sea fiscalmente sostenible. Según Anif, una cifra más cercana al 37% de los ingresos corrientes de la nación sería más manejable para el Estado, y aún permitiría aumentar los recursos destinados a las regiones.
Además, López sugirió que podrían implementarse mecanismos de control que permitan evitar caídas abruptas en las transferencias en momentos de baja recaudación, pero que también impongan límites para evitar una presión excesiva sobre el presupuesto nacional.
«Estamos a favor de profundizar la descentralización», afirmó López, «pero el 46,5% de los ingresos corrientes es incompatible con la nueva realidad fiscal del país«. En este sentido, el presidente de Anif celebró que en las audiencias públicas recientes, en las que participaron diversos expertos en descentralización, se alcanzaron consensos importantes sobre la necesidad de ajustar la fórmula del SGP. «Es un tema de calibración», concluyó López.
El próximo lunes, el Congreso tiene programado discutir la reforma en su sexto debate, y Anif ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamado a los legisladores para que escuchen a los expertos y ajusten la propuesta antes de que se convierta en ley. «Ojalá que en esta discusión los políticos escuchen a los técnicos», expresó López, subrayando que es crucial considerar las implicaciones fiscales a largo plazo.
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