El impuesto del 4×1000 inicialmente se trataba de un impuesto transitorio, pero ya está a punto de tener 25 años de vigencia en el país.
Por: Redacción 360 Radio
Este martes, la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que busca eliminar el impuesto del 4×1000, que viene implementándose en el país desde 1998, año en el que se creó para solventar la crisis económica que se vivía en la época.
El impuesto, con el que el gobierno recauda hasta 9 billones de pesos, sería remplazado por un impuesto a los salarios superiores a los 25 millones de pesos y por la eliminación de ciertos beneficios para las inversiones multimillonarias que tengan lugar en Colombia.
Recordemos que el 4×1000 es un gravamen que se cobra a los movimientos financieros, en los que por cada mil pesos la persona paga 4 pesos. Este impuesto es cobrado por los bancos y, luego, se gira al Gobierno Nacional con algunas excepciones de por medio.
La propuesta de eliminarlo es de la representante Katherine Miranda, quien explicó que la eliminación será gradual y funcionaria de la siguiente manera, entre los años 2023 y 2025, siendo este último en el que desaparecería por completo.
- Al tres por mil (3 x 1.000) en 2023
- Al dos por mil (2 x 1.000) en 2024
- Al uno por mil (1 x 1.000) en 2025
¿Cómo se cubrirían los ingresos que le deja al país el recaudo del 4×1000?
La congresista explica que hay varias propuestas sobre la mesa para recaudar esos 9 billones de pesos que aporta este gravamen.
La primera es a través de un impuesto a los ingresos altos, pues esto está contemplado en la propuesta de la última reforma tributaria del Gobierno nacional, que busca gravar los altos salarios de más de 15 millones pesos con una tarifa del 10 %.
En segundo lugar, está una sobretasa al sector financiero, un se trata de un punto porcentual adicional sobre la tarifa de renta vigente durante el desmonte del cuatro por mil.
También, a través de una reducción del Estado, la congresista propone en el proyecto crear una comisión de expertos que estudiará como reducir el tamaño del Estado para maximizar el uso del gasto público minimizando sus costos.
Por último, derogando los beneficios a las Mega Inversiones de la ley 2010 de 2019, ya que estas le cuestan al país unos 9 billones de pesos.