Así se destinaría presupuesto de regalías 2023-2024 presentado por el Gobierno Petro

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El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para 2023-2024, por un monto de $31,3 billones.


Por: Redacción 360 Radio

Según indicó el Ministerio de Hacienda, desde el 2012, este es el presupuesto que más recursos ha asignado a los territorios con lo cual se favorecerá en gran medida la transición gradual y ordenada hacia la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva incluyente, sostenible e intensiva en generación de empleo que requiere el país de cara a los retos de la agenda 2030.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, explicó que los recursos del Sistema General de Regalías, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión dentro de altos estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo. 

Este proyecto de ley sobre las regalías, según la cartera, favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales: 

  • $7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
  • $3,8 billones del Sistema General de Regalías se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
  • $10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos. De estos recursos, $6,1 billones serán probados directamente por los departamentos.
  • $3,0 billones orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
  • $3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET, parte de estos recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos aprobados en el marco del adelanto ordenado por la constitución.
  • $694.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
  • $299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, este propósito será fortalecido por la inversión de $599.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas, así como los $600.000 millones que deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
  • Cormagdalena recibirá $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
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También se destinarán $598.000 millones de regalías para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.

De acuerdo con lo indicado por el Ministro, este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades.

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