La designación de ciudadanos con discapacidad visual total como jurados de votación en Piedecuesta, Santander, desató una controversia que volvió a poner en el centro de la discusión la forma en que se construyen y depuran las bases de datos que alimentan el sistema electoral colombiano.
La denuncia se hizo pública a través de un video difundido en redes sociales por el creador de contenido Juan David Pérez Quintero, conocido como juandael10, quien aseguró que varias personas ciegas fueron convocadas para cumplir funciones en una mesa de votación y que, al intentar excusarse, su certificado de discapacidad fue rechazado por, presuntamente, no estar actualizado.
Panorama general: Según relató el influenciador, los ciudadanos acudieron a la autoridad electoral con su documentación, pero la respuesta que recibieron fue que debían presentar un certificado más reciente.
“Nos dicen que el certificado no sirve porque está desactualizado y que tenemos que conseguir uno nuevo”, afirma en el video.
Para los afectados, la exigencia resulta injustificada, pues se trata de una condición permanente. En su testimonio señalan que la certificación solo debería renovarse cuando existe una modificación en la condición de discapacidad, lo que no ocurre en casos de ceguera total. La situación, explican, los dejó en una posición de incertidumbre frente a una obligación legal que conlleva posibles sanciones si no se cumple: ejercer como jurados de votación.
Así funciona el sorteo de jurados de votación que ignora salud y discapacidad visual en Colombia
En Colombia, el proceso de designación de jurados de votación parte de una lógica centralizada y tecnológica.
Las alcaldías, gobernaciones, instituciones educativas, empresas privadas y otras entidades obligadas por la normatividad electoral remiten periódicamente a la Registraduría listados de personas que, en principio, cumplen con los requisitos para ejercer como jurados.
Con base en esas bases de datos, un sistema informático realiza un sorteo aleatorio para asignar los jurados de cada mesa de votación. En esa etapa no existe una revisión individual de condiciones médicas, situaciones laborales particulares o antecedentes personales.
Solo después de que una persona es designada, puede presentar una solicitud de exoneración si acredita alguna de las causales previstas por la ley, entre ellas problemas de salud o condiciones que impidan cumplir adecuadamente la función.
Esto significa que el sistema depende, en gran medida, de que las entidades que reportan ciudadanos mantengan actualizada y depurada su información.
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