Desde varios sectores se ha criticado constantemente el uso de los recursos por parte del Estado y su implementación en entidades que no son necesarias para el Gobierno y que ayudan a desviar los recursos que son vitales para el país.
El incremento de funcionarios públicos en Colombia: un debate entre eficiencia y necesidad
Desde 2018, bajo los gobiernos de Iván Duque hasta el actual mandatario Gustavo Petro, el país ha visto un incremento sostenido en la planta de trabajadores del sector público, una situación que genera opiniones divididas entre analistas, políticos y ciudadanos.
Según cifras del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en 2018, Colombia contaba con aproximadamente 1’198.834 empleados públicos. Durante el mandato de Iván Duque, quien resultó electo en este mismo año y que concluyó en agosto de 2022, esta cifra aumentó a 1’324.866, representando un crecimiento en los cuatro años de gobierno.
Este incremento fue atribuido principalmente a la necesidad de fortalecer áreas como salud, educación y seguridad, sectores que enfrentaban una alta demanda de servicios. Además, el manejo de la pandemia de COVID-19 requirió la contratación de personal adicional, particularmente en el sistema de salud.
Con la llegada de Gustavo Petro al poder en agosto de 2022, el crecimiento de la planta estatal continuó. El DAFP también hace un conteo sobre los funcionarios en el gobierno Petro. Cuando inicia su gobierno, el número de funcionarios públicos se ubicaba en 1’324’866; en dos años de gobierno la variación continuó en alza, contando en la actualidad con 1’378’200 para lo que va corrido del 2024.
Este incremento ha sido impulsado por las reformas sociales promovidas por el gobierno, que incluyen la ampliación de programas de asistencia, el fortalecimiento de la red de atención primaria en salud y la creación de nuevos organismos para implementar sus políticas.
Mientras algunos sectores celebran este aumento como una respuesta a la creciente necesidad de servicios públicos y la promoción de la equidad social, otros critican lo que consideran un sobredimensionamiento del Estado, y aseguran que el dinero que se inyecta a tantos organismos del gobierno, podría ser utilizado en prioridades que tiene el país.
Por otro lado, algunos expertos destacan que el incremento de funcionarios no siempre se traduce en una mejora de los servicios públicos, y se suman a las voces de apoyo para eliminar ministerios y consulados que no aportan al desarrollo del país.
El debate sobre el tamaño del Estado en Colombia no es nuevo, pero el aumento significativo de la planta de funcionarios entre 2018 y 2024 pone de manifiesto la necesidad de evaluar cómo se administran los recursos públicos y si estas contrataciones responden a necesidades reales o a decisiones políticas.
Con un panorama fiscal que requiere prudencia, los próximos años serán clave para determinar si el crecimiento del aparato estatal ha sido una estrategia sostenible o una carga para la economía del país.
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