En Colombia, el salario de empleados públicos se reajusta cada año por decreto, generalmente luego de una negociación entre el Gobierno y los sindicatos del sector estatal.
Por lo general, estos incrementos salariales se basan en la inflación del año anterior (Índice de Precios al Consumidor, IPC) más un porcentaje adicional acordado para mejorar el poder adquisitivo. A continuación se presenta un recuento, año por año, de los aumentos oficiales de los últimos diez años, con su contexto económico y político más relevante. Este repaso abarca desde 2015 hasta 2024 e incluye las cifras oficiales y las circunstancias que rodearon cada incremento, con énfasis en la metodología aplicada en cada caso.
Aumento histórico del salario de los empleados públicos en Colombia (2015-2024)
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2024 – 10,88 % (Decreto 0301 del 5 de marzo) – IPC 2023 (9,28 %) + 1,6 pp
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2023 – 14,62 % (Decreto 0905 del 5 de junio) – IPC 2022 (13,12 %) + 1,5 pp
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2022 – 7,26 % (Decretos del 30 de marzo) – IPC 2021 (5,62 %) + 1,64 pp
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2021 – 2,61 % (Decretos del 23 de agosto) – IPC 2020 (1,61 %) + 1 pp
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2020 – 5,12 % (Decretos del 27 de febrero) – IPC 2019 (3,80 %) + 1,32 pp
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2019 – 4,50 % (Decretos del 7 de junio) – IPC 2018 (3,18 %) + 1,32 pp
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2018 – 5,09 % (Decretos del 21 de febrero) – IPC 2017 (4,09 %) + 1 pp
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2017 – 6,75 % (Decretos del 12 de junio) – IPC 2016 (5,75 %) + 1 pp
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2016 – 7,77 % (Decretos del 12 de febrero) – IPC 2015 (6,77 %) + 1 pp
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2015 – 4,66 % (Decretos del 28 de mayo) – IPC 2014 (3,66 %) + 1 pp
(pp = puntos porcentuales adicionales sobre la inflación del año previo).
Detalle del aumento salarial de empleados públicos cada año y su contexto
2015: Tras 60 días de negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las centrales sindicales, se acordó un incremento salarial para 2015 del 4,66%, retroactivo al 1º de enero de ese año. El aumento de 2015 superó ligeramente la inflación de 2014 (3,66%), marcando el inicio de una fórmula de ajuste por encima del costo de vida. Además, en esa misma mesa de negociación se dejó establecido el criterio para el año siguiente.
2016: Siguiendo lo pactado en 2015, para 2016 se fijó un aumento equivalente al IPC de 2015 más 1 punto porcentual. Dado que la inflación de 2015 fue alta (cerró en 6,77% según el DANE), el incremento salarial resultante rondó el 7,77% en 2016. Este ajuste significativo buscó compensar el fuerte aumento del costo de vida registrado en 2015 (el más alto en varios años en ese momento) y aseguró una ganancia real en el ingreso de los funcionarios públicos.
2017: Nuevamente se abrió la mesa de negociación laboral estatal, esta vez bajo un panorama fiscal apretado y con inflación algo menor. Tras intensas discusiones y la amenaza de un paro nacional de trabajadores estatales, el Gobierno y las centrales obreras alcanzaron un acuerdo en junio. Se decretó un incremento del 6,75% para 2017, cifra que correspondía a la inflación de 2016 (aprox. 5,75%) más un punto porcentual adicional. El acuerdo llegó de madrugada y permitió conjurar el inicio de un paro, pues los sindicatos consideraban insuficiente la propuesta inicial gubernamental (que había sido apenas IPC + 0,15%).
2018: En el mismo pacto firmado en 2017 se estableció de antemano el mecanismo para 2018: un aumento igual al crecimiento del IPC de 2017 más 1 punto porcentual. Con la inflación de 2017 moderada en 4,09%, el reajuste salarial de 2018 quedó alrededor de 5,09%. Este porcentaje, aunque menor que los de años anteriores, mantuvo ligeramente por encima la remuneración real de los servidores públicos.
2019: Con la llegada del presidente Iván Duque, se instaló una nueva mesa de negociación con los sindicatos estatales. El resultado fue un acuerdo para un aumento del 4,5% en 2019, retroactivo al 1º de enero. Este porcentaje se obtuvo de la fórmula IPC 2018 + 1,32 puntos porcentuales, ya que la inflación de 2018 había sido de 3,18%. El 4,5% supuso un incremento salarial por encima de la inflación por quinto año consecutivo, mostrando la tendencia a otorgar una leve mejora real. El acuerdo de 2019 benefició a aproximadamente 1,3 millones de empleados del Estado.
2020: Siguiendo el acuerdo alcanzado el año anterior, el Gobierno expidió en febrero el decreto de incremento salarial para 2020, fijado en 5,12% con retroactividad a enero. Este porcentaje correspondió a la inflación de 2019 (que fue 3,80%) más 1,32% adicional acordado en la negociación de 2019.
Cabe resaltar que este aumento (5,12%) quedó por debajo del aumento del salario mínimo de ese año pero por encima de la inflación esperada, alineado con la política de preservar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos. El decreto de 2020 se expidió apenas semanas antes de que iniciara la pandemia de COVID-19; posteriormente, la inflación de 2020 resultó ser muy baja (1,61%), por lo que en retrospectiva el ajuste del 5,12% implicó una ganancia real considerable para los servidores públicos en medio de la crisis sanitaria y económica.
2021: Este año estuvo marcado por los efectos de la pandemia en la economía. La negociación salarial se extendió más de lo habitual, finalizando en el segundo semestre de 2021. El gobierno Duque y las centrales sindicales acordaron un aumento de 2,61% para 2021, aplicado retroactivamente desde enero. Este fue el porcentaje más bajo de la década, reflejo de la inflación excepcionalmente reducida de 2020 (1,61%) tras la recesión, combinada con un alza adicional de 1 punto porcentual según lo pactado.
2022: Para 2022 se concretó un incremento bastante más elevado, acorde con el repunte inflacionario pospandemia. Siguiendo el acuerdo bianual establecido en 2021, el salario de los empleados públicos subió 7,26%. Este ajuste resultó de sumar 1,64 puntos a la inflación de 2021 (que había escalado a 5,62% con la reactivación económica). El 7,26% representó el mayor aumento desde 2016 y casi duplicó la subida del año previo, asegurando una mejora real del ingreso de los servidores del Estado.
2023: En medio de una inflación anual que alcanzó cifras no vistas en dos décadas (13,12% en 2022), el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro afrontó su primera negociación salarial con sindicatos estatales. El resultado fue un aumento histórico del 14,62% para 2023, el más alto de la última década. Este porcentaje se compuso del IPC de 2022 (13,12%) más un aumento adicional de 1,5% acordado en la mesa de negociación. El fuerte ajuste buscó proteger el ingreso de más de un millón de servidores públicos frente al encarecimiento del costo de vida. “El ajuste supera el 7,26% de 2022”, destacó el Departamento Administrativo de Función Pública al anunciar el acuerdo.
El pacto salarial de 2023 también incluyó un compromiso para 2024: se dejó previsto un incremento equivalente al IPC de 2023 más 1,6%, con el fin de dar continuidad a la recuperación salarial. El decreto formalizando el 14,62% se expidió y aplicó retroactivamente a enero, beneficiando a empleados de la rama ejecutiva, judicial y maestros, entre otros sectores estatales.
2024: Siguiendo lo pactado el año anterior, el Gobierno nacional oficializó para 2024 un incremento del 10,88% en los salarios públicos. Este porcentaje se calculó con base en la inflación de 2023, la cual se moderó a 9,28%, más el 1,6% adicional convenido en la negociación previa. El decreto 0301 del 5 de marzo de 2024 fijó este aumento, retroactivo al 1º de enero. Si bien el ajuste significa una mejora real de 1,6 puntos por encima de la inflación, varios sindicatos expresaron que sigue siendo insuficiente frente al alza del costo de vida y aspiraban a un incremento real mayo.
Metodología: inflación y negociación colectiva
En todos los casos, los incrementos anuales del salario de los servidores públicos han estado ligados a la variación del IPC del año anterior, más un porcentaje adicional negociado entre el Gobierno y las centrales sindicales.
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Esta metodología tiene como objetivo principal asegurar que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo y, de ser posible, obtener una leve mejora real en sus salarios. Por ejemplo, en 2019 se pactó explícitamente que el aumento sería igual a la inflación de 2018 más 1,32%, fórmula que se ha repetido con variaciones (como IPC + 1% o IPC + 1,5%) en diferentes años.
De este modo, cuando la inflación ha sido alta, el ajuste salarial también lo ha sido (casos de 2016, 2022 o 2023), y cuando la inflación fue excepcionalmente baja (caso de 2021), el aumento resultó relativamente pequeño pero siempre agregando algún porcentaje por encima del IPC.
La negociación colectiva en el sector público —regulada desde 2014 por el Decreto 160— se realiza en la Mesa de Negociación Estatal, donde participan representantes del Gobierno (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Departamento de Función Pública, entre otros) y delegados de las centrales obreras (CUT, CGT, CTC) y sindicatos de empleados públicos. Estas negociaciones suelen cubrir dos años en cada acuerdo, lo que explica que en varios casos se fijen con anticipación criterios para el año siguiente.
Cada incremento anual se formaliza mediante decreto presidencial que fija las nuevas escalas salariales según nivel y grado de los empleos públicos. Por lo general, los decretos se expiden una vez se conoce el IPC final del año anterior (certificado por el DANE) y tras concluir la etapa de concertación con los sindicatos.
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