La definición del salario mínimo para 2026 volvió al centro del debate económico luego de que el Gobierno anunciara la reactivación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.
La decisión se produce tras el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, que puso en entredicho el procedimiento con el que se fijó el incremento mediante decreto presidencial.
Lejos de anticipar una reducción del salario ya establecido, desde el Ejecutivo se ha planteado un escenario distinto: mantener el aumento vigente o incluso revisar al alza el monto final, mientras se corrigen los aspectos técnicos señalados por el alto tribunal. La convocatoria a la mesa tripartita busca, según el Gobierno, darle mayor sustento jurídico y económico a la decisión.
Gobierno reabre la discusión del salario mínimo para 2026 tras observaciones del Consejo de Estado
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la discusión se centrará en evaluar las condiciones macroeconómicas actuales y en escuchar las posiciones de los distintos actores del mercado laboral. El análisis incluirá variables como inflación, crecimiento económico, productividad y evolución del empleo, con información consolidada por entidades oficiales.
Actualmente, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905 mensuales para 2026, lo que representó un incremento del 23,7% frente al año anterior. Sumado el auxilio de transporte, el ingreso mínimo legal se acerca a los $2 millones. Sin embargo, el Gobierno considera que el debate no está cerrado y que el marco constitucional permite revisar el concepto bajo el principio del salario vital y móvil.
Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que este enfoque debe tener un peso determinante en la definición final, especialmente en un contexto de rezago histórico entre el salario real y el crecimiento de la productividad laboral.
En esa línea, el presidente Gustavo Petro ha planteado que el ingreso mínimo debería reflejar de manera más directa la capacidad productiva del país y las necesidades básicas de los trabajadores.
Las declaraciones del mandatario han generado reacciones encontradas. Mientras sectores sindicales ven con buenos ojos la posibilidad de un ajuste adicional, los gremios empresariales han advertido sobre los riesgos que un nuevo aumento podría tener sobre el empleo formal y los costos de producción.
Para los empresarios, el foco del debate debería estar en la sostenibilidad del mercado laboral y en la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló recientemente que modificar nuevamente el salario mínimo podría generar incertidumbre económica y afectar la generación de empleo. A su juicio, aunque el fallo del Consejo de Estado obliga a revisar el procedimiento, no implica la necesidad de un mayor incremento.
En medio de este escenario, el Gobierno ha reiterado que cualquier decisión deberá estar respaldada por criterios técnicos y constitucionales, y que la mesa de concertación será el espacio para intentar acercar posiciones. No obstante, fuentes oficiales reconocen que, de no alcanzarse un acuerdo, el Ejecutivo podría recurrir nuevamente a un decreto transitorio.
Así, la discusión sobre el salario mínimo para 2026 se da en un contexto inusual, marcado por tensiones jurídicas y políticas, y por un debate de fondo sobre el alcance real del salario vital y móvil. El resultado de la concertación definirá no solo el monto final, sino también el rumbo de la política salarial en el corto plazo.