El anuncio que dio el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la presentación de un proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, desató una oleada de reacciones políticas y sociales en Colombia. La propuesta, presentada desde Shanghái, plantea la creación de un órgano conformado por 71 delegados, con paridad de género y representación de distintos sectores sociales.
Montealegre definió la propuesta como “el punto de partida para construir las bases de la transformación que requiere Colombia”. Según el ministro, la nueva Constitución busca superar el “bloqueo institucional” que, a su juicio, impide el avance de las reformas sociales y económicas. Además, comparó la iniciativa con las grandes transformaciones sociales del siglo XX y defendió que el pueblo sea quien delibere “sobre su futuro mediante el debate y no la violencia”.
El proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, presentado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre
Sin embargo, el anuncio no tardó en generar resistencia en diversos sectores políticos. Desde la oposición, varios líderes señalaron que la propuesta es inviable en medio de un año preelectoral y que podría poner en riesgo la estabilidad institucional del país.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, quien advirtió que convocar una constituyente “a meses de una elección presidencial es incendiar la democracia con fósforos electorales”. Según Galán, el proceso es imprudente y burlaría al Estado de Derecho, al pretender acelerar un trámite que, por su naturaleza, requiere tiempo y amplio consenso nacional.
En esa misma línea, el concejal bogotano Papo Amín cuestionó duramente la propuesta. “Van por todo. Ya tienen listo el borrador del proyecto para convocar la Constituyente, buscando una reforma total. Qué peligro”, afirmó el cabildante, sugiriendo que la intención del Ejecutivo es reconfigurar el sistema político a su favor.
Desde el ámbito mediático, la periodista, exdirectora de la Revista Semana y precandidata presidencial, calificó la iniciativa como, “en medio de una tormenta política”. Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue aún más contundente. El Gobierno quiere adelantar una constituyente a la venezolana. Pretenden crear delegados especiales para garantizar las mayorías de Petro, acabar con la independencia del Banco de la República y permitir que la Corte Constitucional legisle”.
Mientras las críticas aumentan, el Ministerio de Justicia, encabezado por Montealegre, insiste en que la propuesta tiene fundamento constitucional. Supuestamente, el proyecto se apoya en los artículos 374 y 376 de la Carta Política de 1991, que permiten al Congreso y al pueblo convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello, el Gobierno propone someter a votación dos preguntas, la primera sobre la convocatoria del órgano y su composición, y la segunda sobre el alcance de sus facultades.
Así sería el proyecto
Según el texto, la Asamblea sesionará durante tres meses y el presidente contaría con facultades extraordinarias por seis meses para reglamentar los mecanismos de elección. El proyecto detalla que la integración del órgano incluiría representantes de comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, víctimas del conflicto, sindicatos, jóvenes, población Rrom, raizales y palenqueros, colombianos en el exterior, madres cabeza de familia y miembros de la comunidad LGBTIQ+. En todos los casos, se garantizaría la paridad de género.
La segunda pregunta del borrador establece que la Asamblea tendría la posibilidad de reformar la Constitución en su totalidad, aunque sin revocar al Congreso ni vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además resalta la necesidad de mantener los principios de no regresividad en derechos fundamentales y sociales.
En la exposición de motivos, Montealegre argumenta que la iniciativa busca “superar la parálisis institucional” y renovar la estructura del poder estatal, a la que se refiere como la “sala de máquinas del Estado”. Según esta cartera pública, la Constitución de 1991 amplió derechos, pero no logró modificar los cimientos del sistema político, que hoy “resiste las transformaciones sociales que exige el país”.
El documento plantea que temas como el Estatuto del Trabajo, la justicia, la autonomía indígena, la salud y el cambio climático deben ser repensados bajo una nueva arquitectura constitucional, acorde con los retos del siglo XXI.
Así pues, mientras el Gobierno defiende la propuesta de Asamblea como ejercicio democrático, la oposición y otros sectores advierten que podría abrir la puerta a una concentración de poder.
#Atención | 📜 Desde Shanghái, China 🇨🇳, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, presenta al país el articulado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Este documento es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación… pic.twitter.com/1mf0EZivaQ
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 23, 2025
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