La polémica por los privilegios en centros penitenciarios volvió a encender el debate público en Colombia, luego de que se conociera un video que evidenciaría la realización de un concierto de Nelson Velásquez dentro de la cárcel de Itagüí, en Antioquia.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al artista en las inmediaciones del establecimiento carcelario, así como un video en el que se escucha su interpretación musical dirigida, aparentemente, a personas privadas de la libertad.
Polémica por concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí reabre debate sobre privilegios a presos
Este hecho ha generado cuestionamientos sobre los beneficios que estarían recibiendo algunos internos, en particular aquellos vinculados a procesos de negociación con el Estado en el marco de la estrategia de Paz Urbana impulsada en Antioquia.
Según lo expuesto por Carrasquilla, en el penal de Itagüí se encuentran recluidos varios de los principales voceros de estructuras criminales que participan en diálogos con el Gobierno nacional.
En ese contexto, la concejal cuestionó lo que calificó como una posible “celebración” al interior de un centro de máxima seguridad, lo que, a su juicio, contrasta con la situación de inseguridad que enfrentan los ciudadanos en distintas regiones del país.
“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende, pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?”, escribió la funcionaria en su cuenta de X, acompañando las publicaciones con fotografías y videos del hecho.
El caso ha generado una ola de reacciones en la opinión pública, especialmente por el contexto en el que se desarrolla: los acercamientos del Gobierno con organizaciones criminales bajo la política de “paz total”. Este programa ha buscado abrir espacios de diálogo con grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado, lo que ha implicado beneficios judiciales y condiciones especiales para algunos de sus integrantes.
No obstante, la difusión de este presunto evento musical dentro del centro penitenciario ha puesto en tela de juicio los límites de dichos beneficios y la supervisión de las autoridades sobre lo que ocurre en estos espacios.
Hasta el momento, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni la administración del penal habían emitido un pronunciamiento inmediato tras conocerse las imágenes, lo que incrementó las críticas y la exigencia de explicaciones por parte de distintos sectores.
Posteriormente, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar que el Gobierno nacional no autorizó ningún tipo de actividad festiva dentro de la cárcel de Itagüí. El funcionario fue enfático en señalar que no existió aval del Ejecutivo para la realización de eventos de este tipo en centros de reclusión.
En la misma línea, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, anunció la adopción de medidas disciplinarias tras lo ocurrido. Entre las decisiones tomadas se encuentra la remoción del director del establecimiento carcelario y la apertura de investigaciones contra al menos siete funcionarios que se encontraban de turno durante la presunta presentación artística.
A través de un comunicado oficial, la entidad reiteró que el ingreso de un artista al penal no contó con autorización institucional.
“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – informa a la opinión pública las medidas que se adoptarán frente a las denuncias sobre el ingreso de un artista al establecimiento de Itagüí. Es importante precisar que esta actividad no fue aprobada ni por el Gobierno Nacional, ni por el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni por la Dirección General del Instituto”, indicó el organismo.
El episodio abre nuevamente el debate sobre el control en los centros penitenciarios del país y la coherencia de las políticas de paz frente a la percepción de justicia de la ciudadanía. Mientras avanzan las investigaciones, crece la presión para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen posibles responsabilidades.
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