La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha expresado su preocupación y desconcierto ante la expedición del Decreto 044 de 2024, firmado por los Ministros de Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este decreto, que establece criterios para la declaración y delimitación de reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental, ha sido recibido con inquietud por el sector minero, que lo ve como una amenaza inminente a su permanencia y futuro en Colombia.
Juan Camilo Nariño, Presidente de la ACM, criticó el decreto por considerarlo arbitrario y subjetivo, argumentando que podría impedir el desarrollo de nuevas actividades mineras basándose únicamente en un principio de precaución, sin la necesidad de estudios ni criterios técnicos previos. Nariño sostiene que el decreto, al ser un acto administrativo de rango inferior, no debería poder modificar normas de rango legal como el artículo 34 del Código de Minas, sin pasar por el trámite legislativo requerido.
¿Cómo impacta el decreto 044 de 2024 en la minería?
La ACM señala que el decreto genera incertidumbre respecto a su impacto en proyectos mineros en ejecución y desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, afectando los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Además, critican que anula la autonomía y competencias ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y va más allá de lo ordenado por el Consejo de Estado en su sentencia sobre titulación minera de 2022.
A pesar de haber recibido más de 400 comentarios y solicitudes de ajustes durante su fase de proyecto, la ACM afirma que estos no se reflejan en el decreto finalizado, ni se generaron los espacios de diálogo y participación técnicos necesarios. Por ello, la asociación hace un llamado urgente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que aclare el propósito detrás del decreto, especialmente a las comunidades en territorios mineros que dependen de esta actividad para su sustento y desarrollo.
La ACM recuerda que la minería formal representa el 3% de la economía nacional, contribuyendo con más de 20 billones de pesos en renta, regalías y otras contribuciones, además de más de un billón de pesos en inversiones ambientales y sociales. La actividad minera emplea a más de 900 mil personas de manera directa e indirecta y es fundamental para el PIB de departamentos como La Guajira, Cesar, Córdoba y Antioquia. Más del 60% del presupuesto de inversión en los municipios mineros depende de la minería.
En respuesta a estas preocupaciones, se ha acordado instalar una mesa de diálogo entre la ACM y el Ministerio de Minas y Energía para entender el alcance y ámbito de aplicación del Decreto 044 de 2024, según anunció Juan Camilo Nariño. Esta medida busca encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la actividad minera en Colombia.
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