La preocupación entre los contratistas del Estado creció este 18 de diciembre tras conocerse un correo interno del Ministerio de Hacienda en el que se advierte sobre retrasos en los pagos correspondientes al cierre del año.
El documento, dirigido a funcionarios de la entidad, señala que varias obligaciones serán cubiertas en fechas posteriores a las inicialmente previstas, lo que impactaría directamente el flujo de caja de miles de contratistas.
Ministerio de Hacienda aclara que los pagos a contratistas se harán mes vencido y niega incumplimientos
Según el mensaje, los pagos de cuentas de cobro correspondientes a noviembre se realizarán con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones causadas en diciembre serían canceladas en enero. En un documento divulgado por Blu Radio y fechado el pasado 16 de diciembre, se indica que “las prestaciones de servicios que queden pendientes de la vigencia 2025 se pagarán en enero, una vez se realicen las gestiones correspondientes en el sistema de información financiera SIIF Nación”.
La información generó críticas y cuestionamientos, especialmente por tratarse del cierre del año fiscal, un periodo en el que muchos contratistas dependen de esos recursos para cumplir compromisos financieros. En redes sociales, varios señalaron que los retrasos podrían afectar no solo a personas naturales, sino también a pequeñas empresas que prestan servicios al Estado.
Ante la polémica, el Ministerio de Hacienda respondió asegurando que la información difundida había sido malinterpretada. La cartera explicó que los pagos a contratistas se realizan, en la mayoría de los casos, mes vencido, una vez se radican y validan las cuentas de cobro, y que no se trata de una suspensión o incumplimiento generalizado.
“El pago de honorarios y servicios se hará conforme a los procedimientos habituales”, señaló el Ministerio, al tiempo que cuestionó el tratamiento mediático del tema. En un mensaje publicado en redes sociales, la entidad expresó su inconformidad con algunas versiones divulgadas, al considerar que presentan “ligereza, generalización y afán por afectar la imagen del Gobierno”.
Pese a la aclaración oficial, el episodio vuelve a poner sobre la mesa las dificultades administrativas que suelen presentarse en el cierre presupuestal y el impacto que estos retrasos tienen sobre los contratistas del Estado, un grupo que representa una parte significativa de la operación pública en Colombia.
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