Esta cifra de insolvencias supera los números de 2021 y 2022 y, si la tendencia continúa, se prevé que supere las 1.551 quiebras del año pasado, que ya fue la más alta desde 2015. Este aumento de quiebras se encuentra enmarcado en una significativa contracción de la industria de la construcción, un pilar fundamental de la economía colombiana.
El aumento de insolvencias en Colombia y sus consecuencias para la construcción
Esta situación se ha visto exacerbada por reformas recientes en los subsidios a la vivienda implementadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo era priorizar a las regiones más pobres y rurales. Sin embargo, este cambio ha tenido un impacto negativo en la demanda en las grandes ciudades, lo que ha llevado a muchos constructores a frenar sus proyectos.
Luis Guillermo Vélez, exdirector de la Superintendencia de Sociedades, advirtió sobre las repercusiones sociales de esta crisis: «Cuando no hay un flujo de dinero, las empresas más débiles y endeudadas quiebran primero. Pero no serán las últimas», enfatizando que el efecto dominó podría frenar el crecimiento económico en general.
El sector de la construcción ha sido particularmente afectado. Con la modificación de los subsidios en abril de 2023, muchos constructores se encontraron con un entorno menos favorable para la financiación de nuevos proyectos.
Según Felipe Camacho, socio de Inverlink SA, los constructores dependen de préstamos significativos para sus proyectos y las altas tasas de interés han añadido presión a una industria ya vulnerable. «Los cambios en los subsidios a la vivienda socavaron la demanda», comentó Camacho, resaltando cómo esto ha dejado a muchos en una situación financiera precaria.
A pesar de que el gobierno ha destinado más del 80% de los subsidios a hogares en extrema pobreza, la realidad es que muchos de estos hogares no pueden acceder a préstamos bancarios, lo que limita aún más la efectividad de las reformas. La Contraloría General de la República informó que en 2023 se otorgaron alrededor de 50.000 subsidios del programa «Mi Casa Ya», lo que representa una caída de más del 20% en comparación con el año anterior.
El colapso de la construcción no solo afecta a los constructores. La paralización de proyectos conlleva la cancelación de pedidos de materiales esenciales como cemento, ventanas y electrodomésticos. Esto, a su vez, impacta negativamente a las empresas proveedoras y al empleo en sectores relacionados.
Billy Escobar, actual director de Supersociedades, destacó que la recuperación del sector de la construcción ha sido más lenta desde la pandemia. A diferencia de otras industrias, los constructores enfrentan procesos más complejos debido a la necesidad de permisos y licencias, lo que retrasa aún más la reactivación del sector.
Además, la consultora inmobiliaria La Galería Inmobiliaria reportó que en los últimos 12 meses se han cancelado aproximadamente 67 proyectos de vivienda subsidiada, la cifra más alta desde 2016. Al incluir proyectos no subsidiados, las cancelaciones ascienden a 203. Esto representa una caída dramática en la oferta de vivienda, justo cuando la demanda es crítica.
Consecuencias a largo plazo
Las cifras son preocupantes. Alberto Isaza, cofundador de La Galería Inmobiliaria, indicó que las ventas de vivienda cayeron cerca de un 50% el año pasado, alcanzando el nivel más bajo desde 2009. Este descenso tendrá repercusiones a largo plazo, ya que la planificación de nuevos proyectos puede demorar hasta 18 meses. Las decisiones tomadas hoy impactarán en el futuro del mercado de vivienda en 2025 y más allá.
El gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un dilema complejo. Mientras busca priorizar a los sectores más vulnerables, la implementación de políticas efectivas que estimulen el crecimiento económico se vuelve crucial. La combinación de reformas económicas, la necesidad de empleo y la construcción de infraestructura adecuada es esencial para revertir la tendencia actual.
A medida que el número de quiebras sigue en aumento, la presión sobre el gobierno se intensifica. La situación demanda atención inmediata y medidas efectivas para evitar que la crisis empresarial se profundice aún más, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.
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