El reciente incremento de $350 en la tarifa de TransMilenio encendió las alarmas en el Gobierno nacional. El Ministerio de Transporte manifestó su preocupación por la decisión y advirtió que el aumento del salario mínimo, decretado por el Ejecutivo, no puede convertirse en una justificación automática para trasladar mayores costos a los usuarios del sistema de transporte masivo de Bogotá.
Panorama general: En un comunicado oficial, la cartera de Transporte señaló que el ajuste tarifario equivale a un incremento del 10,9 %, una variación que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que históricamente ha servido como referencia para el análisis de las tarifas del transporte público urbano. A juicio del Ministerio, este dato obliga a una revisión más cuidadosa de los fundamentos que respaldan la medida.
La entidad subrayó que los costos laborales son apenas una de las variables que inciden en la estructura financiera del sistema y que cualquier modificación en la tarifa debe estar soportada en un análisis integral y riguroso. “La tarifa del transporte público no puede definirse a partir de un solo factor”, insistió el Ministerio, al recordar que en su cálculo deben evaluarse de manera conjunta la eficiencia operativa, la gestión contractual, los esquemas de subsidio y compensación, así como el impacto que el aumento tiene sobre la demanda y el bolsillo de los usuarios.
En esa línea, el Ministerio fue enfático en señalar que no resulta procedente un traslado automático del incremento salarial a la tarifa sin que exista previamente un estudio técnico y financiero sólido que lo respalde.
Ministerio de Transporte cuestiona aumento de la tarifa de TransMilenio
Por qué es importante: Aunque la fijación de las tarifas del transporte público urbano es competencia de los entes territoriales, la cartera de Transporte recordó que cuenta con la facultad técnica para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de estos incrementos, especialmente cuando generan efectos significativos sobre los usuarios y la sostenibilidad del sistema. Esta competencia, agregó, se ejerce en un contexto en el que la Nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio.
En el mismo pronunciamiento, el Ministerio hizo referencia a la reciente aprobación del convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión hacia Soacha. Si bien aclaró que este acuerdo no define de manera directa la tarifa ni compromete la operación del sistema, advirtió que sí tendrá implicaciones futuras sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), lo que refuerza la necesidad de adoptar decisiones responsables desde el punto de vista técnico y fiscal.
Como paso siguiente, el Ministerio de Transporte anunció que, en articulación con la Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el aumento tarifario. El objetivo es evaluar la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia del ajuste, diferenciando los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes del sistema, con el fin de salvaguardar el interés general y los derechos de los usuarios del transporte público.